En la Revista Semana del día
de hoy, bajo el título de “Un día de campo”, Daniel Coronell dejó en evidencia
un posible contubernio entre el Procurador Regional del Cesar, Eduardo Campo
Soto, y el Comandante de la Décima Brigada del Ejército, General Adelmo Fajardo Hernández, a efectos de
mantener en la impunidad denuncias del resorte de aquél y en contra de éste y
la institución castrense a la que pertenece.
De acuerdo a la publicación
dice el General Fajardo que “el procurador Campo iba en misión oficial a ver a
los indígenas de Nabusímake para atender quejas sobre supuestos abusos del
Ejército Nacional por uso de territorios ancestrales”.
Consultados los líderes
indígenas Arhuacos en relación con la dichosa visita éstos confirmaron que la
tal misión no existió. Y en cambio se quejaron porque las denuncias por los
atropellos, crímenes y ocupaciones ilegales a mano de miembros del Ejército se
han mantenido impune y sin que Procurador alguno haya atendido sus denuncias.
Confirmó el Cabildo
Gobernador Arhuaco Rogelio Mejía Izquierdo, en entrevista concedida hoy, que no
tuvo conocimiento de misión alguna oficial del Procurador Campo Soto en su
comunidad. Que los Arhuacos jamás han sido atendidos por este órgano en
relación con los asesinatos selectivos de sus líderes y que ni siquiera el
atentado del cual fue víctima él ha avanzado a efectos de poner tras las rejas
a quienes quisieron asesinarlo con más de 47 disparo. (Escuchar ENTREVISTA ROGELIO MEJÍA)
Otro líder Arhuaco, Gelver
Zapata Izquierdo, Coordinador de Territorio de la Confederación Indígena
Tayrona – CIT – y enlace entre occidente y las autoridades y Mamus de Nabusímake
informo igualmente desconocer la supuesta misión del procurador Campo Soto.
Zapata Izquierdo agregó que la Procuraduría Regional del Cesar jamás se ha
pronunciado ni atendido las denuncias de los atropellos acometidos por
uniformados del Ejército Nacional incluido su propio caso de secuestro e
intento de asesinato desarrollado por miembros uniformados de esa institución
castrense. (Escuchar ENTREVISTA GELVER ZAPATA)
Carlos Roberto Siosi,
miembro de la comunidad Arhuaca Zeyumuke, también dio a conocer que el
asesinato de sus dos hijos, Hector Nicolás y Marcos Fidel, sigue en la
impunidad.
Relató que sus hijos fueron
apresados y mantenido detenidos en las instalaciones militares por uniformados
del Ejército adscrito a la Décima Brigada sin causa conocida alguna y un día
después aparecieron ultimados. Crímenes, que como los otros casos, se han
mantenido en la impunidad y de los que tampoco se conoce pronunciamiento o
actuación alguna de la Procuraduría Regional del Cesar. (Escuchar TESTIMONIO CARLOS SIOSI)
Sobre alguno de estos
atropellos dio cuenta la Confederación Indígena Tayrona – CIT – de los que
informan sus representantes se desconoce la Procuraduría Regional del Cesar se
hubiere pronunciado en defensa o atención a la protección de sus derechos
frente a los abusos y atropellos del Ejército Nacional y autoridades locales,
especialmente de Pueblo Bello.
Hay que recordar, por
ejemplo, que a principio de este año al Alcalde de Pueblo Bello, Javier
Landazábal Gómez, la Fiscalía General de la Nación le libró orden de captura al
ser sindicado de tener posibles nexos con grupos paramilitares. (Ver EL PILÓN)
A los asesinatos y
violaciones de los derechos de los indígenas se suma otro abuso por parte de
los militares. La ocupación ilegal con una base militar y la comercialización a
terceros de servicios de comunicaciones mediante antenas ubicadas en el cerro sagrado Inarwa o Alguacíl
por parte del Ejército de Colombia. Denuncias que han tenido que ser elevadas
ante organismos internacionales por el grado de impunidad en que se ha
mantenido, incluso por parte de la Procuraduría Regional del Cesar. (Ver NOTICIAS UNO: http://youtu.be/Npgeflbex9o, NOTICIAS
CARACOL: http://youtu.be/ih1uzC5T6Z0
y http://youtu.be/Rwc30Id4mj0)
No obstante que estos hechos
además se han puesto en conocimiento de la Presidencia de la República y el
Ministro de Defensa parece ser han sido más efectivos “los paseos en
helicóptero” de los miembros de los órganos judiciales y de control para
mantener en impunidad los atropellos en contra de la población indígena.
Esa misma comunidad que está en la otra orilla
de los sujetos denunciados en “Un día de campo”.
ALEJANDRO ARIAS
Twiter: @ALEJANDRO_ARIA2
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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