miércoles, 10 de agosto de 2016

CARTA DE JORGE 40 AL PUEBLO COLOMBIANO

El siguiente es el texto que recibí de excomandantes Paramilitares  desmovilizados, hoy recluidos en el Centro Penitenciario La Picota de Bogotá, y que constituye el mensaje del excomandante Paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40:

"CARTA DE JORGE 40 AL PUEBLO COLOMBIANO

Desde esta cueva de hierro y piedra, sin saber distinguir un sábado de un domingo y mucho menos un día frio por uno soleado, haciendo mil peripecias pude dejar que este texto llegara a las manos de los remitentes indeterminados de mi patria. Hoy me he enterado de los acuerdos finales en la Habana, y que el país se encuentra a las puertas de un plebiscito que legitime el perdón y el olvido penal a los miembros de la FARC. Yo un Colombiano preso en los Estados Unidos, culpable de muchas atrocidades, justiciero de inocentes para cumplir deudas a quienes financiaron la guerra, yo que ordene en diferentes ocasiones justiciar a criminales, manchándome al tiempo de su pestilencia al momento de su muerte, hoy no puedo gritar inocencia, ni sembrar odios entre connacionales, por lo contrario, esta oscuridad asfixiante está lejos de construir en mí una escuela de odios y venganza, en medio de las tinieblas de mi hueco he sentido la clarividencia del reconocimiento de mis errores.

Yo que he combatí 20 años a las Farc y que los reconozco como terroristas y criminales, culpables de crímenes peores o similares que los nuestros, hoy observo con beneplácito que ellos de manera voluntaria hayan accedido a dialogar y que de manera civilizada llegaran a cumplir el sueño de las Paz. Yo que crecí con la teoría de que los pueblos se pacificaban por el acto valiente de sus hombres y que el fusil era una forma de hacer patria, tengo que reconocer ante todos ustedes lo equivocado que estaba, pues en esos más de 20 años de lucha frontal contra las guerrillas no contribuimos en nada a la tranquilidad del colombiano, por lo contrario lo hicimos víctimas de la derecha y de la izquierda en extremo, las autodefensas no lograron derrotar a las Farc, no logramos proteger al pueblo, lo que si se hizo fue desangrar caseríos y veredas, enriquecimos a quienes nos utilizaron y que en un primer momento vi como benefactores de un estado de paz, pero desde la lejanía de esta gruta donde cumplo mi merecida condena, hoy mi visión de la guerra es diferente, estoy convencido como nunca que la única arma que derrotara la guerra es la palabra y que el dialogo es el insumo más poderoso para sembrar esperanzas.

Hoy vestido de condenado y separado por un muro de 20 centímetros con Simón Trinidad, puedo decirles que acá no hay diferencias entre izquierda y de derecha, somos dos presos más, nos tratan como dos criminales que violamos los derechos humanos y que exportamos cocaína.

Hoy cuando hablo a gritos con el colombiano del otro lado del muro, puedo decirles a ustedes que entre Palmera y Tovar existen ideas comunes y que nos dividían eran nuestros intereses.

Estoy seguro que las Farc cansada de la guerra, el tiempo y los muertos los convencieron de lo inerte y equivocada de su lucha. Dios bondadoso me mire con ojos de justicia y permita que ese hombre que me habla a gritos desde la otra parte del muro y cuyo rostro no puedo ver, pero que se identifica como Ricardo Palmera, algún día no lejano pueda estrechar su mano y así sellar en un abrazo el perdón mutuo que nos hemos profesado.Sin determinar buenos ni malos, entre el pueblo elector y hoy responsable de la refrendación de la paz, solo puedo decirles que Dios los ayudo a discernir entre lo más conveniente para Colombia, de lo que si estoy seguro es que si yo pudiera tomar esa decisión, lo haría en favor del silencio de las armas, de un no más al llanto de los huérfanos, de las viudas y de padres enterrando sus hijos, todo lo cambiaría por una sonrisa y por un buen abrazo a mi hoy buen amigo Simón Trinidad.

Desde el fin del camino, del sufrimiento y el inicio de la libertad.


RODRIGO TOVAR PUPO"

ALEJANDRO ARIAS
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martes, 9 de agosto de 2016

DE LA CRISIS DE ELECTRICARIBE, ALCALDÍAS NO SE ESCAPAN

Primero fue el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien interpuso hace un año una denuncia ante la Superintendencia de Servicios Públicos contra la empresa Electricaribe por hacer cobros no permitidos a beneficiarios de programas de vivienda gratis del Gobierno.

El entonces Ministro Henao enfatizó que Electricaribe estaba haciendo un cobro "de lo no debido por instalaciones que fueron hechas por cada uno de los constructores de los programas de gratuidad" en algunas ciudades de la Costa Caribe.
Luego fue el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón. Quien hizo públicos, hará dos semanas, los hallazgos fiscales por $65.732 millones que encontró la Contraloría General de la República al evidenciar que Electricaribe incumplió con la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para adelantar proyectos de normalización de redes eléctricas en la Costa Caribe, que debían beneficiar a 63.783 usuarios.

Así lo indican los resultados de  una auditoría realizada durante el primer semestre de 2016 al Ministerio de Minas y Energía en los que se evaluaron, en particular los recursos PRONE, asignados a través de 3 contratos suscritos con Electricaribe: GSC 157-2012, por $86.072 millones; GSA-106-2011, por $46.076 millones; y GSC-226-2012, por $21.489 millones.

La Contraloría consideró que hubo fallas por parte del Ministerio de Minas y Energía en la supervisión de la ejecución de estos contratos, teniendo en cuenta que los recursos destinados y pagados para la normalización de usuarios no cumplieron con el fin definido por el Programa de Normalización.

Y el último en pronunciarse fue el Director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, quien advirtió que es inminente un apagón en la región Caribe del país como consecuencia de la crisis financiera de Electricaribe, empresa que estaría al borde de la quiebra a causa de una deuda por 2 billones de pesos.

Precisó en sus declaraciones Acosta que “lo peor está por venir y si no nos avispamos los siete departamentos de la región Caribe están ante el riesgo inminente de un apagón general. Y no es para menos, la deuda de Electricaribe con los bancos se aproxima a los $2 billones y el vencimiento de la misma se concentra, en más de un 70%, en los años 2016 y 2017. Y, según ha trascendido, Electricaribe puede estar en agosto ante la imposibilidad de servir su deuda y ante el impago de la misma no va a poder seguir jineteando con la banca, esta podría bloquear los créditos a la empresa y esta a su vez se quedaría sin con qué pagar la factura de la energía que compra. Si llega a materializarse este evento, inmediatamente XM, que es el operador del Sistema, procedería a ordenar la limitación de suministro y los generadores, que son sus acreedores podrían hacer efectivas las garantías.”

La normalización del servicio en barrios subnormales

Para los años 2001 y 2002 surgieron los primeros brotes violentos de las comunidades de los barrios subnormales derivados de las suspensiones periódicas del servicio de suministro de energía eléctrica, para ello fundamentó la empresa ELECTRICARIBE S.A. ESP. que estaba siendo objeto de un hurto continuado de fluido eléctrico por parte de estos pobladores. Los cierres de vías y la quema de llantas se convirtieron en el pan diario de muchos barrios de la Costa Caribe.

Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio tendiente a la normalización del mismo el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3735 de 2003, con el cual se determinaban pautas muy precisas tendientes a que la población vulnerable accediera a un servicio legalizado y en condiciones de calidad y continuidad.

Para ello se resolvió crear figuras como barrios subnormales y zonas de difícil gestión comercial, entendidas las primeras como los asentamientos humanos construidos sin el reconocimiento municipal o legalizados y las segundas como aquellas en la que se presentaban mora en el pago de más del 50% y/o pérdidas no técnicas superiores al 40%.

Bajo el ordenamiento del citado decreto se planteaba una fórmula de solución integrada tendiente a la normalización o legalización del servicio a estas comunidades. Al amparo del anterior entendido quedaba claro que el fin principal del programa de normalización era que al mediano plazo (máximo 2 años) los usuarios de estos barrios, sujetos al programa (Energía Social para el Magdalena) deberían contar con sistemas de conducción, conexión y medida legalizados y de acuerdo con los protocolos del servicio. Para que el programa se activara en primer lugar era necesario el diseño de un proyecto técnico que permitiera establecer costos y plazos necesarios para invertir en la estructuración de un servicio con calidad y continuidad; este proyecto debería ser impulsado por el Alcalde local bajo la asistencia técnica del operador de red (Electricaribe S.A. ESP.); con fundamento de tales proyectos cada barrio o sector subnormal debía celebrar un contrato de suscripción comunitaria con la participación de la empresa prestadora y el municipio. Con fundamento en estos dos elementos, tanto el proyecto como el contrato debería ser remitido por el Alcalde local al Ministerio de Minas y Energía y de esa forma acceder a los subsidios que el estado aportaría para la consecución de recursos que sumados a los aportados por el municipio más los recaudos de los usuarios se materializara el sueño de energía en condiciones dignas.

Duración del programa de normalización

El plazo que se acuerde entre las partes para la normalización de las Redes de Uso General asociadas con el Circuito Subnormal, no podrá superar dos (2) años; en todo caso, dicho plazo deberá establecerse teniendo en cuenta la valoración del riesgo asociado con el estado real del Circuito Subnormal respectivo, que realice el Operador de Red. Vencido el plazo pactado, el Operador de Red podrá desconectar el Circuito Subnormal o permitir que siga conectado bajo su exclusiva responsabilidad.

¿Por qué mirar hacia los entes territoriales?

Amparada en esta puerta abierta por el Gobierno Nacional los usuarios de los barrios subnormales terminaron siendo favorecidos con la prestación del suministro de energía eléctrica bajo la modalidad de Suscriptores Comunitarios. Suministro que se desarrollaría por un término establecido mientras se adelantaban los trabajos de normalización de tales asentamientos con la esperanza que cada vivienda beneficiada en el futuro tuviera un tratamiento regular conforme a los términos de la ley 142 de 1993.

Pero esto no sucedió. La mayoría de los alcaldes de la costa se desentendieron de este proceso y lo dejaron en manos de la empresa Electricaribe, que en su afán de reducir las pérdidas no técnicas terminó conectando al servicio a todos los barrios subnormales que en los últimos 13 años se han venido creando producto de la invasión, el loteo o la colonización de zonas de alto riesgo.

En el Magdalena las cifras resultan ser alarmantes. De los 290 mil usuarios que registra Electricaribe los usuarios subnormales alcanzan a ser 66 mil a cifras de enero de 2016. Y los correspondientes a los estratos 1, 2 y 3 que en su mayoría también fueron frutos de procesos de invasión alcanzan a ser 188 mil.

Sumados los clientes subnormales y los de los estratos 1, 2, y 3 alcanzan a representar el 87% de los clientes atendidos. En su mayoría atendidos en zonas calificadas como subnormales o de difícil gestión.


Lo grave es la situación de aquellos asentamientos que están ubicados en zonas de alto riesgo o que fueron resultado de invasión de predios. De acuerdo con el concepto de la Superservicios 125 de 2007 las empresas de servicios públicos no están obligadas a dotar de tales servicios en predios invadidos.

Precisa el concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que “debe recordase que si bien el artículo 134 de la Ley 142 de 1994 dispone que puede acceder a los servicios públicos cualquier persona  que habite o utilice de manera permanente un inmueble a cualquier título, este título debe tener la condición de ser ´justo título´; es decir, obtenido conforme a las normas legales vigentes  (Código Civil, artículos 764 y s.s ).  De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 812 de 2003, las entidades prestadoras de servicios públicos deben abstenerse de suministrar servicios a invasiones  o lotes ilegales. Lo anterior significa que deberá legalizarse tal situación para que los prestadores puedan suministrar los servicios. Verdad que aún no se le ha dicho a los usuarios habitantes de estos sectores.”

La crisis energética que hoy se denuncia, más allá de los problemas que tienen en el ojo del huracán a Electricaribe, obligan a los entes territoriales al control en la multiplicación de tales asentamientos por fuera de la planeación y los POT territoriales.

De nada serviría la implementación y puesta en funcionamiento de circuitos eléctricos cuando al poco tiempo las capacidades de transmisión y distribución queda superada rápidamente por una demanda subnormal que crece sin que las alcaldías asuman el rol legal pertinente para detenerla. Con el agravante que por cuenta de estas conexiones se desarrolla una legalización vedada de esta actividad ilegal.

La radiografía que hoy presenta el Magdalena es sin duda la misma en la totalidad de los Departamentos de la Costa Caribe.


ALEJANDRO ARIAS
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lunes, 18 de julio de 2016

VÍA LA PROSPERIDAD, DEL NEGOCIADO A LA INSENSATEZ

¿Cómo se llegó a la situación de haber suscrito un contrato por valor de $467 mil millones para arreglar un carreteable de 52,6 kilómetros; que de acuerdo a la interventoría del mismo contrato se informe que con la plata contratada sólo se lograría intervenir 28 kilómetros de los 52,6; que habiendo transcurrido 19 meses de los 35 que constituyen el plazo pactado para entregar la obra se anuncie que en 5 meses más (diciembre de 2016) se entregarán apenas 4 kilómetros y por razones ambientales estén enredados 34,6 kilómetros cuyo rediseño obligaría a obras adicionales por valor de $250 mil millones y en consecuencia todo lo contratado apunta, según el Departamento Nacional de Planeación a un elefante blanco?

El afán por coronar un negocio y la insensatez.

Las advertencias sobre lo que ocurriría y de lo que hoy el tiempo da la razón estuvo más que señalado y documentado.

El afán del negocio dejó sin agua por cuatro años los municipios del Magdalena

Tal era el afán por sacar este negocio adelante que los primeros en pagar los costos de esta faena económica fueron los habitantes más pobres de los 29 municipios del departamento del Magdalena.

Para lograr el cierre financiero de esta vía se descapitalizaron los proyectos adelantados por el Plan Departamental de Aguas –PDA y recursos por monto de $128 mil millones fueron transferidos para la vía La Prosperidad a efectos de que el Departamento pudiera completar y cumplir con su aporte.

Desfinanciación que en su oportunidad denunció el entonces candidato Joaquín José Vives, reconoció la Gerente del PDA y dineros que prometió repondría al sistema el ex Gobernador Luis Miguel Cotes.


Al final lo que quedó de este afán fue el incumplimiento de las metas de los 10 años del PDA, por lo que hasta la fecha no se han podido lograr las obras planeadas y comprometidas para brindarles saneamiento básico a los magdalenenses, quienes están al borde de reventarse porque ni los hogares ni los campesinos ni la agroindustria tienen agua y lógicamente tampoco hay vía.

La Asamblea Departamental exhortó al Gobernador atender recomendaciones de las autoridades

La Comisión Quinta de la Asamblea Departamental; conformada por los Diputados Alex Velásquez, Humberto Díaz, Robinson Morelo, Oscar Andrade y Adolfo Gómez en sesión del 31 de julio de 2013 aprobaron por votación unánime exhortar al Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, “para que se suspenda o reinicie el referido proceso, hasta tanto se resuelvan las inquietudes y observaciones presentadas por las autoridades indicadas con el objeto de prevenir un presunto detrimento patrimonial en contra de la Nación y del Departamento”.


Así mismo, la misma Comisión aprobó una proposición para solicitar, como efectivamente hicieron, un Control Técnico Preventivo (función de advertencia) a la Contraloría General de la República sobre el proceso licitatorio del mejoramiento de la conocida vía La Prosperidad. Motivados en los “serios cuestionamientos, reparos y observaciones públicas realizadas por parte de la Ministra de Transporte, Dra. Cecilia Álvarez. Lo anterior en mérito de prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y en particular los recursos de regalía asignados al Departamento del Magdalena para las vigencias fiscales 2013, 2014 y 2015”.


La Contraloría General de la República -CGR advirtió los riesgos ambientales de ese proyecto

La Contraloría General de la República, mediante documento 2013EE0153871 de fecha 27 de noviembre de 2013, profirió una función de advertencia con el fin de prevenir sobre los posibles riesgos y afectaciones ambientales que se podrían presentar especialmente en el sistema delta estuario de la Ciénaga Grande de Santa Marta, con ocasión del proyecto de mejoramiento de la vía La prosperidad declarado como de importancia estratégica mediante documento Conpes 3742 del 15 de abril de 2013.

Sostuvo en su Función de Advertencia la CGR: “A pesar de que esta vía – dique está prevista para la defensa de las inundaciones, su desarrollo implicará a corto, mediano y largo plazo la desecación del área de influencia hidráulica de la vía, y por ende, una serie de impactos ambientales negativos e irreversibles en contra de la flora y fauna de esta zona. En efecto, la solución propuesta por el gobierno pretende dar manejo a las inundaciones a lo largo del corredor vial y no a las cabeceras municipales, donde se requiere otro tipo de obras. De modo que no aparece claro de qué manera este tipo de vía – dique sería una solución de fondo para el control definitivo de dicha problemática para la población rural, dispersa y alejada de la vía, lo cual requeriría gigantescas y costosas inversiones en obras de hidráulica, además de una evaluación a profundidad de su viabilidad ambiental que no es mencionada en ningún apartado del documento Conpes”.

Por otra parte, le resultó preocupante a la CGR que para efectos del documento Conpes 3742 no se contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA ni con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG circunstancia, que a juicio de la CGR, representaba un mayor riesgo ambiental en el proyecto.

El Departamento Nacional de Planeación –DNP desde el 2012 advirtió la necesidad de consultar a las autoridades ambientales

De cara a la discusión del proyecto en el OCAD Región Caribe, el 30 de agosto de 2012 el Director de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP hizo especial énfasis en los siguientes aspectos: “En la cuenca baja del río Magdalena se presenta anualmente en épocas de invierno, una tendencia ascendente de los niveles del río, los cuales alcanzan niveles críticos de inundación. Bajo esta situación, los sectores bajos y de topografía plana, son los primeros afectados.

El estado de la infraestructura adyacente al río que comprende diques, terraplenes, muros de contención y carreteras, se encuentra en constante amenaza debido a que ésta puede colapsar por efecto de filtraciones causadas por las agua. Este es el caso de la vía del orden nacional Palermo – Guáimaro, la cual presenta condiciones deficientes en su estado físico que se manifiesta en una bancada desprotegida y susceptible de erosión, y en una superficie que carece de una apropiada capa de rodadura”.


De igual forma hizo las siguientes recomendaciones: “Se recomienda elevar la consulta ante la autoridad ambiental competente, para que ésta analice las características del presente proyecto con el fin que se establezca si se requieren permisos por parte de dicha entidad, licenciamientos o cualquier otro tipo de requisitos previos necesarios para comenzar el desarrollo del presente proyecto”.

Oportunas previsiones y recomendaciones que por física omisión o burla tienen hoy frenados 34,6 kilómetros de la vía.

Corpamag también señaló oportunamente los peligros por erosión contra la vía

En julio de 2013, un mes antes de la adjudicación de la licitación; a solicitud de la Asamblea Departamental, Corpamag informó a esta Corporación sobre los efectos del proyecto de la vía La Prosperidad y las amenazas sobre la obra por efectos ambientales.

Precisó Corpamag: “También se incidirá en la conservación de los taludes del terraplén conformado para la puesta en marcha del proyecto. La erodabilidad de los taludes será uno de los efectos sobre la obra, que requiere de un diseño para evitarla”.

ALEJANDRO ARIAS
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domingo, 3 de julio de 2016

CIÉNAGA GRANDE Y EROSIÓN COSTERA EN EL K19

El calentamiento global con su consecuente aumento del nivel del mar, las intervenciones del hombre a la estructura de protección natural con la construcción de las vías Ciénaga- Barranquilla y la vía La Prosperidad más el conjunto de obras que se han hecho, supuestamente para detener la erosión costera, han llevado a la Ciénaga Grande de Santa Marta a un punto de quiebre que la amenaza de muerte.

Hasta finales de los años sesenta la CGSM contaba con 60 mil hectáreas de Mangle. En 1965, cuando se construyó la calzada Ciénaga – Barranquilla, empezó a escribirse la historia de destrucción de la Ciénaga y a degradar las condiciones de subsistencia en la ecorregión.

Para 1970 cuando se construyó el carreteable hoy conocido como la vía La Prosperidad ya la Ciénaga veía reducir sus áreas de mangle y la cosa empeoró dramáticamente hasta 1995 cuando se hicieron las primeras intervenciones y mejoras en las vías Ciénaga – Barranquilla y la rudimentaria vía La Prosperidad y se permitió el flujo de agua. Para esa fecha la CGSM ya había perdido poco más de 37 mil hectáreas de Mangle.

Desde 1995 hasta el 2015 se han invertido, para enmendar todos los daños causados con la construcción de estas dos vías, recursos por un monto de $ 170 mil millones. Inversión con la que se habían podido recuperar 12 mil hectáreas de las 37 mil destruidas.

Lo grave es que en los últimos dos años se han perdido 2 mil hectáreas de las 12 mil recuperadas debido al incumplimiento por parte de Corpamag en sus obligaciones tales como el dragado de los cuatro canales del borde del río Magdalena a lo largo de la vía La Prosperidad y el control y dragado sobre los ríos que tributan agua dulce desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Se suma a lo anterior las obras e intervenciones hechas por la Viceprsedencia de la República, la Gobernación del Magdalena y la compañía Edgardo Navarro Vives en los kilómetros 19, 26, 50 y 51 de la vía Ciénaga – Barranquilla, que han agravado la sostenibilidad de todo el ecosistema.

La crisis de la CGSM no es sólo ambiental sino social. De ella dependen los pobladores de 14 municipios del Magdalena, en su mayoría pobres, que tienen en la Ciénaga la única posibilidad proteínica para sus familias y única fuente de trabajo.  

La pesca, que representa la principal actividad económica de la ecorregión, en 1967 sumaba en extracción 27 mil toneladas al año. Hoy apenas alcanza a las 5 mil toneladas.

La erosión costera también registra cifras dramáticas. Entre 1984 y el 2014 en el kilómetro 19 se han perdido alrededor de 400 metros de playa. En el kilómetro 26 se calcula una pérdida de playa a razón de 4 metros por año.


Las exigencias en relación a la disposición de unos diseños ambientalmente responsables para la vía Ciénaga – Barranquilla no resulta ser un capricho.

Los estudios indican que por cuenta del calentamiento global y su consecuente aumento del nivel del mar los empedrados ni los espolones evitarán que la carretera quede cubierta por él.

Los científicos prevén que para el año 2040 por ejemplo en el kilómetro 19 el mar haya penetrado al continente 240 metros; que en el 26 el mar haya avanzado hasta quedar 87 metros de distancia de la orilla y en el 54 el mar esté a sólo 30 metros. 


Así mismo se han identificado los sectores con mayores amenazas por cuenta de erosión en el corto y mediano plazo. Se advierte que entre los kilómetros 19 al 27 el riesgo es muy alto y entre el 27 y el 55 alto.

Amenazas contra la que se concluye no se debe luchar sino adaptarnos. Razón por la cual, las autoridades ambientales y especialistas, recomiendan diseñar viaductos que garanticen el intercambio hídrico del sistema. Por ejemplo en puntos críticos de la actual vía en Salamanca como el Km 19, el Km 26 y el Km 28. Esto favorecería la recuperación natural de playas y dunas, vegetación de manglar y lagunas costeras a lo largo de la Barra de Salamanca, contribuyendo a la estabilidad de la línea de costa, al equilibrio de la ecorregión en el plano ambiental y socioeconómico y al mantenimiento del mismo proyecto vial, evitando las continuas inversiones en obras de protección y restauración activa de ecosistemas.

ALEJANDRO ARIAS
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lunes, 20 de junio de 2016

DIRECTORA DE PARQUES AMENAZADA DE MUERTE POR PESCADORES

“Te va a pasar lo mismo que a Martha”. Esa fue la sentencia que hicieron pescadores contra la Directora Territorial de Parques Nacionales Naturales Territorial Caribe, Luz Elvira Angarita, en desarrollo de las audiencias para la formulación del Plan maestro ordenado por la Corte Constitucional mediante sentencia T 606 de 2015 el pasado viernes 10 de junio en el centro de eventos Casa Grande en Santa Marta.

Las amenazas quedaron registradas en el video de seguimiento de las mesas de trabajo, el cual fue entregado a la Fiscalía General de la Nación. Mesas en las que entre otras autoridades participaban funcionarios de la Gobernación del Magdalena y Corpamag, quienes han guardado silencio ante este reprochable acto contra una autoridad ambiental regional.



Martha Lucía Hernández Turriago era  Directora del Parque Tayrona cuando fue asesinada por hombres del Bloque Tayrona de las Auc el 29 de enero del 2004. 

A esta amenaza se suma el ataque y posterior robo de que fueron objeto funcionarios del Parque Tayrona por parte de ocho pescadores en tres lanchas en hechos ocurridos en playas del sector de Neguanje hace escazas tres semanas.

El conflicto que ha tomado ribetes de criminalidad se deriva de la veda de pesca en el Parque Tayrona recientemente confirmada por la Corte Constitucional mediante sentencia T 606 de 2015.

Antecedentes y criterios de la corte para ratificar la veda

Bajo el criterio de que la preservación del ambiente, el resguardo de los ecosistemas marinos y terrestres, la protección de la flora y la fauna y la defensa ambiental de las especies, son mandatos imperativos en cabeza de las autoridades y los habitantes de todo el territorio nacional es que legisladores, autoridades ejecutivas y judiciales han formulado la dirección de la protección del patrimonio natural del país asumiendo que éste “pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes”.

Y es que estos criterios en relación a la protección del medio ambiente, particularmente el relacionado con la veda de pesca en áreas protegidas, no son nuevos.

El Congreso de la República expidió la Ley 2 de 1959, por medio de la cual se reguló la economía forestal y la conservación de los recursos naturales renovables, consagrando en su artículo 13 la declaratoria de ciertas áreas como Parques Nacionales Naturales, con el objeto de conservar la flora y fauna nacional.

Posterior a esta ley se expidió el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), en el que se definió a los Parques Nacionales Naturales como un conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, reservadas y declaradas en beneficio de sus habitantes dadas sus características naturales, culturales o históricas.

A su turno, los artículos 331 y 332 del Decreto 2811 de 1974 delimitaron el tipo de actividades permitidas en las respectivas áreas de conservación.

El artículo 30 del Decreto 622 de 1977 también dispuso ciertas limitaciones a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en los siguientes términos: “Prohíbanse las siguientes conductas que pueden traer como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: (x) Ejercer cualquier acto de pesca, salvo la pesca con fines científicos debidamente autorizada por el Inderena, la pesca deportiva y la de subsistencia en las zonas donde por sus condiciones naturales y sociales el Inderena permita esta clase de actividad, siempre y cuando la actividad autorizada no atente contra la estabilidad ecológica de los sectores en que se permita”.

La jurisprudencia colombiana ha definido el recurso pesquero, a diferencia de otros recursos, bajo una connotación jurídica de “Res Nullius”, lo que significa que carece de dueño (los recursos pesqueros son bienes comunes y por lo tanto son de todos y no son de nadie) y ha reiterado en diferentes sentencias que le corresponde al Estado velar por su administración y generar las reglas y condiciones para acceder al mismo.

Con el fin de materializar el poder de gestión sobre los ecosistemas terrestres y marinos, el Parque Nacional Tayrona fue declarado y delimitado mediante la Resolución 191 de 1964, expedida por la Junta Directiva del INCORA, aprobada por la Resolución 255 del 29 de septiembre de 1964, refrendado por el Acuerdo 04 del 24 de abril de 1969 del INDERENA, y aprobado por la Resolución Ejecutiva 292 del 18 de agosto de 1969 del Ministerio de Agricultura, con el objeto de conservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos.

Es precisamente debido a la importancia estratégica de los ecosistemas del parque que, mediante la Resolución número 0234 del 17 de diciembre de 2004, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinó la zonificación del Parque Natural Tayrona y su régimen de usos y actividades como componente del plan de manejo del área.

En desarrollo de las citadas disposiciones que restringen la pesca en los Parques Naturales, el artículo 10 numeral 9 de la Resolución 0234 del 17 de diciembre de 2004, “Por la cual se determina la zonificación del Parque Nacional Natural Tayrona y su régimen de usos y actividades como componentes del plan de manejo de área”, igualmente prohibió la actividad de pesca.

Razón por la cual la Corte Constitucional en reciente sentencia (T 606 de 2015) destaca que la prohibición de ejercer la pesca artesanal en el parque Tayrona no es una medida arbitraria y precisa que ello en razón a que busca “garantizar que las especies marítimas que habitan el área puedan llegar a una etapa de madurez sexual adecuada para reproducirse y así permitir la continuación del ciclo biológico”.

Precisó entonces con dicha sentencia que la prohibición de pesca artesanal en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, si bien genera una limitación al derecho al trabajo no implica per se una exclusión absoluta para ejercer su oficio en el territorio nacional, por cuanto la restricción de pesca solo cobija a las áreas protegidas del parque.

No obstante considerar la Corte Constitucional que la prohibición de la pesca en las áreas protegidas del Parque Tayrona es ajustada a la ley y los fines del estado igualmente impuso a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adelantar las diversas medidas para garantizar una adecuada compensación a las comunidades ancestrales de pescadores que obtenían su sustento de ese ecosistema.

Por ello ordenó a las diversas entidades administrativas que implementen medidas encaminadas a mitigar los efectos que genera la prohibición de pesca a los pescadores artesanales del Parque Tayrona. Y en ese orden dispuso que la Gobernación del Magdalena lidere el diseño, en el término 60 días contados a partir de la notificación de esta providencia, un plan de compensación que garantice a los pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona la satisfacción de sus derechos fundamentales al trabajo, soberanía alimentaria y mínimo vital.

Así mismo, ordenó a la Gobernación de Magdalena transitoriamente y hasta que sea diseñado y ejecutado el plan de compensación a los Pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona, que garantice un apoyo alimenticio y económico de carácter transitorio a las personas que tradicionalmente ejercían esta actividad y que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer su derecho al mínimo vital y subsistencia digna.

Lástima que luego de ocho meses después de la sentencia (21 de septiembre de 2015) a los pescadores no se les haya cumplido con apoyo alimenticio y económico ni la implementación del plan de compensación y por cuenta de ese abandono estén atacando, atracando y amenazando a los funcionarios de Parques, a quienes les toca acatar la orden judicial so pena de ser sancionados por desacatarla.

ALEJANDRO ARIAS
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miércoles, 1 de junio de 2016

VÍA PROSPERIDAD EN DIRECCIÓN A LA INCONCLUSA

La desprestigiada vía de la Prosperidad volvió a ser noticia. Noticia con dos caras.


Por un lado la que la Gobernación del Magdalena ha pretendido vender a través de los medios locales y con cuyos comunicados nos dicen todo va viento en popa.


Por la otra el reciente informe revelado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP advierte que luego de haber realizado un seguimiento a las obras financiadas por el Sistema General de Regalías halló 144 proyectos en estado crítico de cumplimiento por valor de $1,2 billones. Alertas originadas por retrasos en la ejecución, información inconsistente o incompleta, denuncias ciudadanas y informes de organismos de control.

De esos 144 proyectos el Departamento del Magdalena registra nueve proyectos en estado crítico ocupando el quinto lugar dentro de los Departamentos que más proyectos tienen amenazas de no ser concluidos.


Uno de esos nueve proyectos en estado crítico es el de la vía la Prosperidad que representa el 38% del monto de los recursos de los proyectos críticos.


Las consideraciones para tener a la vía de la Prosperidad en riesgo crítico no son de poca monta.

El informe del DNP destaca dentro de las falencias en la formulación y estructuración que el proyecto no contempló el puente que conecta con la vía Santa Marta-Barranquilla con la Vía a la Prosperidad limitando significativamente su funcionalidad; que a la fecha no se ha definido el trazado necesario para algunos tramos de vía, lo que genera la necesidad de adquirir nuevas licencias y posibles sobrecostos y retrasos; costos de transporte del material de construcción no previstos, lo que incrementan el valor del proyecto; que de acuerdo a lo anterior, la interventoría informa que con los recursos actuales del proyecto sólo se lograría intervenir 28 KM de los 52.6 KM previstos.

Por otra parte precisa que las obras de drenaje no contemplaron las consideraciones de los estudios hidráulicos iniciales que sirvieron de soporte del Conpes 3742 (construcción de una vía dique) y a la fecha se encuentra en curso una acción de controversias que pretende que se declare la nulidad del proceso de adjudicación de la Licitación.

Situación que se ha procurado mantener oculto y para el que la Gobernadora y su Gerente de Proyectos no han querido dar respuestas.

Lo cierto es que al investigarse el desarrollo de este contrato se tiene que el 17 de diciembre de 2015 el exgobernador Luis Miguel Cotes suscribió el contrato modificatorio N.° 3 al contrato N.° 617 de 2013 con el cual se modificó la estructura de descuento del anticipo habida cuenta que “dadas las condiciones de la vía en el trazado actual entre Sitinuevo y Guaimaro y los altos niveles de erosión e inestabilidad del terreno, el estudio hidráulico y de hidrología, en sus conclusiones, han recomendado no intervenir la vía por el trazado actual, por lo cual se ha evidenciado la necesidad de plantear otras opciones, incluyendo la posibilidad de utilizar una carretera paralela y más alejada de la ribera del río, con mayor seguridad, desde el punto de vista técnico y ambiental para la obra”.


Circunstancia por la que se consideró que “los trámites previos de licenciamiento para los tramos Sitionuevo - Guaimaro y las variantes, afectan la programación de ejecución inicial y en consecuencia la facturación”, conforme se consignó en la justificación del contrato modificatorio.

Tema ambiental que desde antes de la adjudicación de ese contrato se había advertido así como las dificultades para el licenciamiento por su íntima relación con las áreas protegidas Ramsar de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el santuario de Fauna y Flora. Así quedó plasmado en la matriz de afectación ambiental que forma parte integrante de dicho contrato.

Así las cosas para la única dirección hacia la que conduce la vía de la Prosperidad, hasta ahora, es a la inconclusa.

ALEJANDRO ARIAS
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