lunes, 16 de julio de 2018

LA DENUNCIA DE CARBOSAN CONTRA MAURICIO SUÁREZ QUE SALPICA A RAÚL MAESTRE Y OTROS EX FUNCIONARIOS

La Sociedad Portuaria de Santa Marta -SPSM- es considerada la punta de lanza del desarrollo agroindustrial y comercial del norte del Magdalena. La suerte de esta empresa determina de forma significativa los indicadores económicos y sociales de la región razón por la cual, todo cuanto suceda alrededor de esta empresa resulta ser de vital interés.

La denuncia penal radicada por la sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda -Carbosan Ltda.-, de la cual la Sociedad Portuaria es socia con la mayor participación social, en contra del ex representante legal de ambas compañías, Mauricio Suárez Ramírez, y en la que se salpica a otros altos ex funcionarios como Raúl Maestre, vicepresidente de Seguridad de SPSM y Director de Seguridad de Carbosan,  y Jimmy Bolaño Tarrá, Auditor General de Carbosan destapa el que pasaría a ser el preámbulo del mayor escándalo de corrupción privada en el sector.

El representante legal de Carbosan Ltda., Domingo Segundo Chinea Barrera, debidamente habilitado por la Junta Directiva y a través de abogado radicó denuncia penal en contra de Mauricio Suárez apoyado en los resultados de una auditoría realizada por considerar que existió un verdadero interés y móvil ilícito por parte de éste para favorecer a Javier Prada Sánchez a través de sociedades de propiedad de éste último Opl Carga SAS, Opl Logística SAS y C.I. Pradaz Limitada asociadas al contrato del servicio de cargue y transporte terrestre de carbón en el proyecto con CNR.

Contrato del proyecto de CNR y otro relacionado con la firma Operlog, también filial de SPSM, por las que las sociedades Opl Cargo y Opl Logística recibieron en total una suma de cinco mil millones de pesos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016.

De acuerdo con los resultados de la auditoría este contrato presentó graves inconsistencias que se detectaron desde el proceso mismo de licitación el cual según las evidencias demostrarían hubo un marcado interés por parte del ex gerente Suárez Ramírez en direccionar y contratar las empresas de su amigo y socio Enrique Prada haciendo maniobras no autorizadas por la Junta Directiva y pagos por un monto aproximado de $1.360 millones antes de que se cumplieran a cabalidad los procesos de licitación y en consecuencia suscripción del contrato respectivo.

Dentro de las inconsistencias se reseñan: que las invitaciones privadas se cursaron el 29 de enero de 2015, que la apertura de la urna con las propuestas se hizo el 3 de febrero, que el contrato se suscribió el día 13 de abril de 2015, pero éste ya se estaba ejecutando desde el 1 de febrero. Tanto así que la primera factura que emitió Carbosan a CNR por concepto de este proyecto data del 17 de febrero de 2015 por una cuantía no despreciable de $868 millones, que TSP emitió la primera factura a Carbosan el 28 de febrero de 2015 por valor de $ 371 millones y que la sociedad Opl Logística (distinta a Opl Carga que suscribió finalmente el contrato) emitió la factura el 31 de marzo de 2015 por valor de $114 millones.

Varios correos electrónicos sustentaron las hipótesis de la firma auditora respecto del presunto favorecimiento personal de Mauricio Suárez a Javier Prada en detrimento de las empresas que representaba y la estrecha relación que éstos sostenían.

Uno de estos correos es del 2 de enero de 2015 con el que Mauricio Suárez, encontrándose en vacaciones, le indica a Diana Lozano, Directiva Jurídica Corporativa de Carbosan Ltda. que será él quien maneje directamente lo relacionado con el negocio con CNR: “(…) esto debe esperar a mi llegada para negociar con el transporte y con la operación de patio (…) esto lo manejaré directamente desde la gerencia (…)”.

El informe de auditoría, que sirve de soporte para la denuncia, con relación a este manejo concluye que el especial direccionamiento del proceso de selección de subcontratistas resulta facilitado cuando el mismo Mauricio Suárez emite instrucciones expresas para que sea Raúl Maestre, vicepresidente de Seguridad de SPSM y director de Seguridad de Carbosan quien se encargue de afinar este proceso de selección de forma tal que se “ayudara” y “favoreciera” a Javier Prada Sánchez y sus sociedades.

Se precisa al respecto en la denuncia: “engranada debidamente así la estructura interna de esta componenda orquestada desde la Gerencia de Carbosan en este proceso de selección y contratación, resultaba muy significativa la participación del señor Raúl Maestre Alto Directivo de Carbosan como se dijo, y quien según los correos anteriores se constituía como vocero o interlocutor de la posición e intereses de las empresas Opl Carga y Opl Logística, pese a su desconocimiento del tema operativo, cuando de la auditoría especial se pudo comprobar que este ejecutivo tenía intereses en contratos de vigilancia celebrados entre la empresa familiar de su propiedad Vivac (Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Vivac Limitada representada por su esposa Nancy Stella Navarro), y la sociedad OPL Carga de propiedad de Javier Prada Sánchez, esta última quien suscribió el contrato para el proyecto CNR”.

El otro hallazgo denunciado está relacionado con pagos asociados al proyecto CNR por suma aproximada a $680 millones por concepto de facturación por “sensores de peso” que no fueron aprobados por la Junta Directiva de Carbosan.

Apoyado en los informes de auditoría, Carbosan denunció el favorecimiento personal de Suárez Ramírez de las operaciones realizadas a través de las sociedades C.I. Pradaz Limitada y Comfort Life Designing Spaces Limitada mediante la facturación de servicios inexistentes por valor de $480 millones que mediante una operación financiera al interior de la SPSM sirvieron para amortizar el pago de un crédito personal que ésta le otorgó en el 2013 por monto de $800 millones.

“En efecto, el modus operandi descubierto por KROLL consistía en que desde SPSM se impartía la instrucción a la sociedad C.I. Pradaz Limitada de facturar unos servicios inexistentes de transporte, para que, luego de proceder a radicar las facturas en las oficinas de la SPSM, se realizaría un proceso interno de validación y revisión para aprobar su pago, previas los cálculos de retenciones fiscales de ley. Una vez aprobado su pago, se emitían los cheques correspondientes girados a la sociedad C.I. Pradaz Limitada con la restricción de ser pagados a la orden de ésta como primer beneficiario. Pero en realidad, según indicó el informe de KROLL, el comprobante de egreso nunca fue firmado por la sociedad beneficiaria (aparece sin firma), sino que internamente se producían dos trámites igualmente fraudulentos: a) De una parte, los cheques girados restrictivamente en noviembre de 2015 y mayo de 2016 a C.I. Pradaz Ltda., nunca fueron entregados a su “ilegítimo” beneficiario, sino que se consignaban en las cuentas de propiedad de SPSM en el Bancolombia. b) Y una vez ingresaban estos valores a las cuentas de SPSM, tales recursos eran destinados a ser abonados a un crédito que la Junta Directiva le otorgó a Mauricio Suárez en sesión de enero de 2013.” Hecho que quedó consignado en la denuncia penal radicada.

Con relación a todas estas operaciones fue cuestionado el Auditor General de Carbosan, Jimmy Bolaño Tarrá, quién informó desconocer todos los detalles de las operaciones que se pusieron en su conocimiento. No obstante, en desarrollo de las investigaciones de auditoría, se pudo confirmar que Bolaño Tarrá desde años atrás era el contador personal, junto con su esposa, del ex gerente Mauricio Suárez Ramírez y de sus sociedades. Quien luego aceptó haber firmado como contador los balances generales y estado de resultados de Suárez Ramírez para los años 2011 a 2015, y haber cobrado honorarios por estas gestiones.

Pero si las cosas por Carbosan Ltda. no parecen hubieran estado bien; por cuenta de las actuaciones de estos ex directivos, por los lados de la SPSM los indicios logrados no permiten noticias alentadores. No en vano avanza una auditoría externa sobre las operaciones realizadas en los últimos 17 años que permiten inferir la posible defraudación a las finanzas de esta empresa por un monto aproximado a los 17 millones de dólares.

No hay dudas que las Directivas de Carbosan y la SPSM, con la denuncia y auditorías contratadas, respectivamente, están decididas adelantar una lucha frontal en contra de la corrupción en su sector.

Alejandro Arias
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lunes, 30 de abril de 2018

Vargas Lleras, Eduardo Diazgranados y fiscales salpicados en caso de soborno a testigos

"Mira, eso que capturaron a Caicedo el día de su cumpleaños (el de Álvaro Cotes), y ese regalo se lo dio German Vargas. (...) Claro, él (el Mello Cotes) tiene que echar a un lado a Caicedo o echarlo porque es la única manera de que las maquinarias de Vargas puedan crecer en el Magdalena." Dilia Barón a los hermanos Rojas Mendoza en la cárcel Modelo de Barranquilla





El pasado 7 de marzo, los ex paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona, Adán y José Gregorio Rojas denunciaron en plena diligencia en el Tribunal Superior - Sala de Justicia y Paz haber sido objeto de propuestas de soborno por parte de los abogados Alex Fernandez y Dilia Barón para que aquellos declararan en contra de Carlos Caicedo y falsamente lo sindicaran de ser el determinador de los homicidios de la Universidad. Para lo cual pagaron $100 millones como anticipo de $1.000 millones pactados; trato que cerraron éstos a nombre de Álvaro Cotes Vives, hermano de la actual Gobernadora Rosa Cotes y padre del ex gobernador Luis Miguel Cotes.

Con la denuncia, los hermanos Rojas Mendoza aportaron una serie de audios que grabaron en la cárcel Modelo cuando los abogados los visitaban e impartían las instrucciones sobre las declaraciones y denuncias que debían hacer a los fiscales, según palabras de los mismos abogados, ya organizados para actuar según ellos indicaban.

De dichos audios SUMARIO TV, en primicia, obtuvo copia de uno de ellos. Audio en el que se escuchan reveladores hechos sobre el manejo que se le daba a los proceso contra Caicedo en plena coordinación con fiscales y politicos y en el que además se deja al descubierto que las solicitudes de los falsos testimonios también enlodaran al periodista Alejandro Arias y al ex parlamentario Hernando Escobar.

Escuche los apartes más relevantes de las instrucciones que los abogados Fernández y Barón impartían a los hermanos Rojas Mendoza para sindicar de graves delitos al ex candidato a la presidencia Carlos Caicedo, al periodista Alejandro Arias y al ex parlamentario Hernando Escobar.

https://youtu.be/5ypb455Wp8k

Alejandro Arias
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jueves, 26 de abril de 2018

EX PARAMILITAR ADÁN ROJAS DENUNCIA COMO PAGARON PARA INCRIMINAR A CARLOS CAICEDO Y A OTROS

El ex jefe paralimitar Adán Rojas denunció ante Justicia y Paz el pago de $100 millones para incriminar al ex candidato a la Presidencia de la República, Carlos Caicedo, como determinador de los asesinatos de la Universidad del Magdalena

El pasado 7 de marzo, en desarrollo de una audiencia en los Tribunales de Justicia y Paz en Barranquilla, el ex jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, Adán Rojas, denunció haber recibido $100 millones, de una oferta de $ 500 millones, como parte de pago del soborno para declarar contra el ex candidato a la Presidencia de la República Carlos Caicedo Omar y sindicarlo de ser el determinador de los homicidios de la Universidad del Magdalena.

El soborno además incluía incriminar en falsos delitos al periodista Alejandro Arias y al ex parlamentario Hernando Escobar, conforme se pudo establecer del material probatorio entregado a los Magistrados de Justicia y Paz por los hermanos Rojas Mendoza.

Con la denuncia, Adán Rojas Mendoza, entregó grabaciones en la que él señala figuran fiscales que hacen parte del complot. Así mismo denunció que quien pagó por el soborno fue el hermano de la actual Gobernadora del Magdalena y padre del ex gobernador Mello Cotes, Álvaro Cotes Vives, y los intermediarios y emisarios para organizar las falsas declaraciones fueron el abogado de Cotes Vives, Alex Fernández Harding y su compañera sentimental y abogada, también ex candidata a la Cámara de Representante por el partido de la U, Dilia Barón.

Escuchar las declaraciones del ex paramilitar Adán Rojas: https://youtu.be/D1zx-4M74p8

Alejandro Arias
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sábado, 10 de junio de 2017

Así debió ser la vía de la Prosperidad

SUMARIO, PERIÓDICO GRATUITO obtuvo copia del verdadero proyecto de la vía la Prosperidad que dista mucho de las obras que se habían aprobado en el 2010 y cuya financiación había sido asegurada por un documento Conpes luego de 14 escenarios financieros desarrollados por el Ministerio de Transporte e Invías a instancias del entonces Ministro Andrés Uriel gallego (q.e.p.d.).

Los líos de la vía la Prosperidad

Los líos de la vía la Prosperidad no terminan. A los hallazgos de detrimento patrimonial denunciados por la Contraloría General de la República por monto de $32.616 millones, los elevados costos de la vía que de acuerdo con el Director del Invías pasarían de $432.000 millones a unos $750.000 millones y la apertura de indagación preliminar anunciada por el Procurador General de la Nación en contra de Rosa Cotes de Zúñiga, Gobernadora del Magdalena, y otros funcionarios y privados asociados a la contratación de la obra se suman nuevas denuncias de posible negligencia por no desarrollar las tareas necesarias para proteger importantes tramos de la vía hoy amenazadas por las corrientes del río Magdalena.

Denuncias que se le pusieron de presente al Contralor General de la República quien ordenó a la Gerencia de la CGR en el Magdalena adelantar las inspecciones de rigor y de cuyos resultados la Gerencia no ha dado reporte alguno sobre lo encontrado.

Las denuncias se orientan a establecer el presunto concurso de funcionarios de la Gobernación del Magdalena y de los contratistas quienes con la misma maquinaria habrían retirado los materiales de protección ubicados en la ribera del río para facilitar el desbanque de la vía y justificar así el no cumplimiento de los plazos de entrega de la obra que se cumplen en noviembre de este año. (Ver Videohttps://youtu.be/Q9y-fkpvGxY)

Todo ello luego de la precisión que hiciera hace unas semanas atrás el Ministro de Transporte a la Gobernadora Rosa Cotes de que el Gobierno nacional no aceptará prórrogas en los plazos de cumplimiento ni adiciones al valor pactado en el contrato.

La vía que está contratada hoy

Según el documento Conpes 3742 del 15 de abril de 2013 la vía conocida como la vía de la Prosperidad se construiría por etapas. La primera, hoy contratada, correspondería al trayecto entre Palermo - Guaimaro, que al momento de suscribirse dicho documento Conpes estaba diseñada en Fase III y la segunda etapa que comprendería el trayecto Guaimaro - Salamina - Plato apenas en etapa de diseño Fase III por parte del Instituto Nacional de Vías - Subdirección de Apoyo Técnico, diseños cuya entrega estaba programada para el 2013.

De acuerdo con el Documento Conpes la primera etapa del proyecto de la vía la Prosperidad, Palermo - Guaimaro, comprendería la recuperación de una vía en una calzada bidireccional de 52,62 kilómetros que incorporaría el manejo hídrico del sector mediante box coulvert y contemplaría una inversión total de $466.900 millones incluyendo la afectación predial.

Cronograma de ejecución de obras que afectaba recursos de inversión correspondiente a cinco vigencias fiscales. Condiciones generales bajo las que se contrató la obra y que hoy tiene un alto riesgo de quedar inconclusa según informe del Departamento Nacional de Planeación.

De la vía de la Productividad a la vía de la Prosperidad, no sólo fue el nombre lo que cambió

La vía de la Prosperidad tiene tantos escándalos como historia y diseños.

Primero se llamó como la vía Marginal del Río Magdalena. Bautizada así por el entonces Gobernador Jorge Caballero Caballero, cuando era gobernador en 1997. Para su primer diseño contrató a la firma Consultores del Desarrollo y logró construir un primer tramo comprendido entre Piñón y Salamina. Tramo que luego desapareció porque no se apropiaron los recursos para su mantenimiento.

Luego de dos administraciones el tema fue retomado por el ex gobernador Trino Luna Correa, en el 2004, y volvió a quedar en veremos luego de que éste fuera separado del cargo.

En el 2008 el ex gobernador Omar Diazgranados reasume el proyecto, forzado por las inundaciones que desde el 2007 afectaba al departamento del Magdalena.

Ante la situación de emergencia que se vivía Diazgranados Velásquez propuso la vía Marginal del Río Magdalena, ahora bajo el nombre de vía de la Productividad, en un consejo comunal celebrado en la sede Los Trupillos del Círculo de Suboficiales de las FFMM al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como una solución frente a las inundaciones que para el momento afectaban a los pobladores asentados entre Palermo  y Plato.  

Uribe Vélez, conocida la situación y planteada la solución, ordenó al entonces Ministro de Transportes, Andrés Uriel Gallego, priorizar el proyecto y adelantar todos los trámites necesarios para su diseño y financiación.

La nueva vía de la Productividad cumpliría tres propósitos esenciales: servir de vía de conexión con la Ruta del Sol II para acortar el trayecto de la carga y con ello reducir los valores por concepto de transporte; serviría de dique para evitar las inundaciones y con ella se impulsarían dos distritos de riego que permitirían la mejora de las condiciones agroindustriales del sector.

Bajo ese entendido en ex ministro Andrés Uriel Gallego asume el liderazgo e impulso para el diseño de la nueva vía de la Productividad, la implementación de los escenarios financieros y la definición de las fuentes de financiación. Tarea que se desarrolló de la mano del Invías.

Para el 2009 la vía de la Productividad era un hecho.


La vía de la Productividad iría de Palermo a Plato con una longitud de 173,4 kilómetros que incluiría un puente intercambiador vía Puerto Palermo - Sitio Nuevo y Ciénaga - Barranquilla, la construcción de un área en la vía Barranquilla - Ciénaga para los vendedores ubicados antes del Peaje, la compra de predios, infraestructura ambiental e interventoría por un valor total de $675.177 millones.

Cifra final que quedó pactada luego de 14 escenarios financieros estudiados.


La financiación del proyecto también estuvo asegurada:


Escenarios financieros que incluían hasta el mantenimiento de la vía por 20 años:


Pero todo eso cambió en el 2012 cuando el ex gobernador Luis Miguel Cotes Habeych asumió la continuidad del proyecto y le cambió el nombre de vía de la Productividad por el de vía La Prosperidad y la redujo a menos de la mitad de las obras por el doble del precio. Y luego llegó su tía, Rosa Cotes, que se encargó de dejarla en ruinas como está el día de hoy.

ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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domingo, 26 de marzo de 2017

Estadio Eduardo Santos: ahora cuando todos se rasgan las vestiduras

Ahora muchos se rasgan las vestiduras frente a la decisión de demolición del Estadio Eduardo Santos.

Después de 65 años muchos se acordaron hoy que existía y se tienen golpes de pecho como el del representante a la Cámara Jaime Serrano que pretende declararlo monumento nacional o como el de la Gobernadora del Magdalena y la Asamblea Departamental que quieren ahora sí declararlo patrimonio cultural e incluso exigir la devolución del mismo al Departamento desconociendo el artículo 70 de la ley del Deporte que en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986 y la Ley 60 de 1993 dispuso los municipios tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos y que la historia cuenta, por ejemplo, que en la administración del Alcalde Juan Pablo Diazgranados éste nada hizo para aprovechar los recursos que ofreció el entonces vicepresidente Francisco Santos para invertirlos en la recuperación del Estadio Eduardo Santos, vale la pena hoy preguntarse: ¿dónde estuvieron estos señores los 65 años en que permaneció abandonado este escenario?

Para la muestra del desgreño de quienes hoy se rasgan las vestiduras, vale la pena recordar la historia; esta vez contada por el periódico El Tiempo el 24 de abril de 2010:


“El estado de abandono en que se encuentra su estructura física ha propiciado una campaña cívica.

Por: Redacción ELTIEMPO  24 de abril de 2010, 05:00 am

La iniciativa, que surgió tras ver las condiciones actuales del máximo escenario deportivo del departamento del Magdalena, tiene como meta lograr una sumatoria de esfuerzos para que los samarios asuman un papel activo en su reconstrucción y lo conviertan en un punto de encuentro de la ciudad.

"Esta convocatoria cívica busca que la gente se una para reconstruir el estadio y tomarlo como un símbolo, un espacio para generar sentido de pertenencia en la ciudad", dijo el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Gustavo Moreno Maldonado.

Desde su inauguración, en 1951, el Eduardo Santos no sólo ha sido la sede del equipo Unión Magdalena, sino además testigo del nacimiento de destacadas figuras del fútbol colombiano, como el ex capitán de la selección Colombia, Carlos 'Pibe' Valderrama.

No obstante, en los últimos años el mal estado de las instalaciones es evidente. De acuerdo con una inspección ocular realizada el pasado jueves por ingenieros de la Universidad del Magdalena, las tribunas oriental y occidental requieren de una pronta intervención y  se recomendó ocupar sólo el 50 por ciento de su capacidad para evitar que puedan colapsar.

Además, el escenario no cuenta con un sistema de baños adecuados para el uso del público. En la tribuna de sol, los sanitarios fueron arrancados, por lo cual los aficionados suelen utilizar cualquier rincón o muro como orinal.

En agosto de 2008, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, se comprometió a destinar 3.000 millones de pesos para las obras de recuperación del estadio samario, pero ante la falta de los estudios arquitectónicos que debía entregar la Gobernación del Magdalena los recursos no fueron desembolsados.

A la campaña, promovida por la Policía, ya se han sumado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, la Defensa Civil, Cruz Roja, las directivas del Unión Magdalena, los hinchas y los medios de comunicación locales.

Para el próximo 7 de mayo está prevista una 'Estadiotón', que busca vincular a las empresas y particulares con el aporte de materiales de construcción y mano de obra calificada para comenzar con la adecuación de la parte eléctrica, los baños y las tribunas.

La Universidad del Magdalena, en convenio con la Gobernación del Magdalena, se encargará de realizar los estudios de patología, estructural y de vulnerabilidad para determinar el estado real del estadio. Los resultados de estos estudios se conocerían en cuatro o seis meses.

PAOLA BENJUMEA BRITO
Corresponsal de EL TIEMPO
SANTA MARTA”

Así entregó la Gobernación del Magdalena el Estadio Eduardo Santos

El estadio Maracaná, oficialmente llamado Estadio Mário Filho, fue inaugurado el 16 de junio de 1950 para acoger el Mundial de Fútbol que se realizó en Brasil ese mismo año.

Durante más de cuarenta años el Maracaná tuvo una capacidad máxima de 200.000 personas (muchas de las cuales estaban de pie), lo que fue todo un record pero que representaba un peligro, de acuerdo a los especialistas.

El 12 de julio de 1992, durante un partido del campeonato de Brasil, entre el Flamengo y el Botafogo, ocurrió un grave accidente; se desplomó parte de las gradas haciendo que más de medio centenar de personas cayeran al vacío. Debido a este fatal suceso, el Estadio Maracaná fue remodelado.

En 1999 sufrió otra reforma para albergar el primer Mundial de Clubes de la FIFA en enero de 2000, con esa reforma su capacidad pasó de 140.000 a 103.022 personas. Aun así, esta capacidad continuaba siendo alta y posteriores reformas, la mayor de las cuales se hizo para cumplir con los requisitos exigidos por la FIFA de cara a la organización del Mundial de Fútbol de 2014, la disminuyeron a 78.838 espectadores.

El estadio Maracaná no sufrió el abandono, la falta de mantenimiento y la ausencia de trabajos de conservación que sí sucedió con el Estadio Eduardo Santos. Sin embargo para actualizar su estructura fueron necesarios trabajos estructurales que se ajustaran a los lineamientos exigidos por FIFA y el Comité olímpico. 

Aunque el Maracaná conservó su fachada y color celeste original, la estructura original de hormigón en voladizo que sólo cubría las tribunas superiores se alejaba de las actuales exigencias para los estadios de fútbol modernos por lo que se procedió a la rehabilitación integral del techo del estadio y de los servicios interiores. Ello implicó la demolición del anillo inferior de los asientos, la construcción de un nuevo anillo que ofreciera una mejor visibilidad, expansión de las rampas de acceso y sustitución de todos los asientos.

Esta modernización tuvo un costo de 300 millones de dólares.

De acuerdo a los estudios de patología, el Estadio Eduardo Santos requeriría una intervención más profunda, casi su misma reconstrucción, que demandarían, según cifras reveladas por Coldeportes, una inversión de alrededor de 600 mil millones de pesos.

A diferencia del Maracaná, el estadio Eduardo Santos en 65 años jamás fue objeto de trabajos de mantenimiento, conservación y reforzamiento de sus estructuras. El único mantenimiento de que fue objeto se realizó en la cubierta de sombra con una impermeabilización precaria en brea hecha en 1992.

La lista de precariedades que debilitan y hacen ruinosa la estructura del Estadio Eduardo santos es interminable; no obstante las más preocupantes son las asociadas a la estabilidad de su estructura.

En la tribuna de occidental por ejemplo se evidenciaron fallas estructurales de naturaleza cortante en columnas que soportan la cubierta. Dichas fallas permiten ver el acero de refuerzo ya oxidado, lo que genera que éste no proporcione un aporte estructural adecuado.


Sin necesidad de realizar ningún apique, existen zonas tan deterioradas que las columnas muestran su estructura interna (acero de refuerzo) dejando en evidencia la falta de confinamiento por medio de estribos.


En la base de las columnas que conforman los pórticos de la tribuna occidental se muestran columnas escarificadas debido al efecto de implosión causado por el acero de refuerzo al oxidarse. La oxidación está tan avanzada que ya hay pérdida total de la sección transversal en las barras de refuerzo de algunas zonas.


La tribuna oriental presenta fallas graves de muro y desplazamiento de la estructura:


La tribuna norte presenta iguales fallas y se les suma otro como asentamiento de suelo


Por otra parte los expertos tuvieron en cuenta lo concerniente a sismo resistencia.

Para el caso colombiano hasta el año de 1982 este aspecto de la construcción fue incorporado en los códigos y en 1998 Santa Marta aumentó la categoría de riesgo al pasar de riesgo bajo a medio por efecto de la falla de Oca y la actividad sísmica registrada por la misma.

En consecuencia, las reglamentaciones FIFA y del Comité Olímpico obligaban a que cualquier restauración del estadio debía incorporar los ajustes necesarios en materia de sismo resistencia, inexistentes por supuesto en su estructura.

Circunstancias que traídas a cifras indican que recuperar el estadio saldría ocho veces más costoso que hacer uno nuevo. Y así lo concluyeron los expertos del Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes; esta última entidad a través de la cual el Gobierno Nacional financia lo concerniente al nuevo estadio.

La Directora de Coldeportes ha expresado que esa entidad no cuenta con recursos para financiar la recuperación del Estadio ni tampoco para la demolición del mismo pero sí ha sido enfática en precisar que la principal causa que encarece su recuperación es el abandono. Ese mismo abandono sufrido en 65 años por el que nadie elevó su voz ni protestó y del que muchos ahora se lamentan cuando su estado es clínicamente terminal.

ALEJANDRO ARIAS
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domingo, 5 de marzo de 2017

MINCOMERCIO Y LA HISTORIA DETRÁS DEL DECRETO ECOTURÍSTICO

El 5 de noviembre de 2011 en desarrollo de las denuncias publicadas sobre la invasión y construcción ilegal al interior del Parque Tayrona; luego del anuncio del Presidente Santos de la construcción del hotel Six Senses hubo una publicación en particular. La de una cabaña que figuraba a nombre de un pescador que costaba más de $ 600 millones en la playa de Cinto, Parque Tayrona. (VER PUBLICACION DE EL HERALDO: http://bit.ly/2moWPEV)

Catorce días después de la publicación, y luego de un año de enfrentamientos jurídicos, el 19 de noviembre de 2011 las autoridades confirmaron que la cabaña que denunciamos se había construido violando normas ambientales y sin permisos, era rápidamente demolida. Cabaña que de acuerdo a versiones recibidas de pescadores artesanales del sector en realidad era propiedad de la familia de la hoy Ministra de Comercio, María Claudia Lacouture. 





Demolición y traslado de material que se surtió el día 20 de noviembre con la lancha de nombre “Papebupa” con número de matrícula: CP 40954.

Los mismos pescadores no dejaron pasar la oportunidad para señalar que el padre de la hoy Ministra pagó para que las barreras coralinas, de gran riqueza, fueran dinamitadas para facilitar el paso de su yate.

Más allá de este antecedente familiar y los intereses que asocian a la Ministra con la posibilidad de volver a construir la nueva infraestructura familiar al interior del Parque Tayrona se suma la conocida cercanía de ésta con los socios de los proyectos Six Senses y Ciruelos, quienes nunca han renunciado a su construcción y también tienen su historia de destrucción en el Parque Tayrona. (VER PARQUE TAYRONA: DE REPLAY, CON LOS MISMOS DE COSTAS CHRIST Y SIX SENSES: http://bit.ly/2maz1nQ)

Proyecto Six Senses que en su oportunidad pretendieron aprobar sin las consultas previas apoyados por algunas autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de entre ellos el hoy Asesor del Ministerio de Ambiente, Danilo Villafañe. Acto que los Mamus de los cuatro pueblos reprobaron. (VER VIDEO PUBLICADO POR EL ESPECTADOR EL 31 DE OCTUBRE de 2012: http://bit.ly/2ma55YQ)

El Decreto

De la Ministra Lacouture se han escuchado reiteradas declaraciones sobre el decreto. Con ellas ha expresado una supuesta voluntad de conservacionismo natural al interior de los Parques con el famoso decreto que impulsa.

Lo que no ha revelado la Ministra, con sus declaraciones, son los puntuales ejes que sostiene como objetivos el dichoso decreto.

No ha dicho que con el mismo se pretende crear la figura del turismo naturaleza en áreas del Sistema de Parques Nacionales con un enfoque sectorial de desarrollo económico y de rentabilidad, que privilegia la explotación comercial prevaleciendo éstos por encima de los fines de conservación.

Que con la figura del turismo naturaleza deja abierto el camino para la construcción de nuevas infraestructuras hoteleras y de servicios de hospedaje en los Parques Nacionales.

No contó tampoco que de un plumazo con el mismo decreto se deroga el artículo 5 de la Resolución 531 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dispone que las únicas nuevas infraestructuras permitidas para el alojamiento en los Parques Nacionales son las carpas y las hamacas en las zonas definidas para camping.

Y mucho menos nos ha enterado que para fundamentar la expedición del citado decreto se apoyó en el artículo 27 de la Ley 300 de 1996, artículo sobre la que muchos especialistas concluyen no cuenta hoy con fuerza ejecutoria.

Temas sobre los que bien debiera referirse la Ministra Lacouture y aclararles a los colombianos.

La incómoda resolución

De todo el articulado que compone el proyecto de decreto, quienes hemos podido leerlo, entendemos que el principal objetivo que se persigue con el mismo es sacar de circulación la Resolución 531 de 2013. El más importante logro tendiente a proteger los Parques Nacionales y las Áreas Protegidas del país, haciendo prevalecer la función de conservación por encima de cualquier otra actividad.

Muchos han sido los ataques contra esta norma que en su momento legaron al país Ministros de Ambiente como Frank Pearl, que dejó sentadas las bases, Juan Gabriel Uribe, que lo suscribió, y Luz Elena Sarmiento y Gabriel Vallejo que lo implementaron dejando un sistema ambiental debidamente resguardado.

El último de los ataques de que fue víctima esta Resolución lo propinó en el 2015 un paisano de la Ministra Lacouture, el samario Fabián Enrique Granados Codina. Quien invocando defender los derechos de consultas previas de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta interpuso ante el Tribunal Administrativo del Magdalena una acción de tutela con la que solicitó dejar sin efecto la totalidad de la Resolución 531. (VER DEMANDA DE TUTELA: https://1drv.ms/b/s!AsDo-13e3F1PkiD-24iaA5uU93r4)

Con lo que no contó el samario Granados Codina fue que las mismas comunidades indígenas expresaran ante el Tribunal Administrativo que la Resolución 531 resultaba ser una garantía de protección de los Parques y de sus derechos ancestrales, por más de cien años conculcados y sólo hasta ahora reconocidos mediante fallos judiciales.

ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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