jueves, 16 de agosto de 2018

SOBRE LA DENUNCIA DEL ALCALDE DE SALAMINA DE AYER EN CONTRA DEL PROCURADOR PROVINCIAL GABRIEL VICIOSO


En relación a la dichosa denuncia del Alcalde de Salamina a un medio virtual se puede concluir que ésta resulta ser falsa.

No hay para empezar audio como tampoco fotos ni evidencia de un soborno. En cambio las denuncias contra el Alcalde apuntan a colegir que este funcionario mantenía una relación de "entendimiento" con el marido de la ex Procuradora Provincial y algunos funcionarios de esa entidad. Quedando además en evidencia que desde adentro de la misma Procuraduría Provincial le filtraron información para formular no una denuncia por soborno sino una recusación en contra el actual Procurador que dejaron en evidencia todo es un montaje. Recusación, que por cierto, le fue resuelta de forma desfavorable.

Indicio de ello, es la forma como el Alcalde de Salamina citó expedientes en su contra para lo cual los relacionó con la númeración de radicación interna que personas que no son funcionarios habilitados no podrían conocer.


Alejandro Arias

MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.

SANTA MARTA: ¿SALUD SECUESTRADA POR UN GERENTE, EL PROCURADOR PROVINCIAL Y UN SENADOR?

La suma de denuncias acumuladas desde diferentes orígenes en lo corrido del presente año permiten colegir que la deficiente prestación del servicio de salud en la ciudad de Santa Marta, a cargo de la ESE Próspero Reverent, está circunscrita a una disputa de poder y negligencias de las que se señalan que el gerente de la ESE no ha asistido a una sola de las Juntas Directivas ordinarias y extraordinarias citadas para este año; entidad que por segundo año consecutivo está reportada por el Ministerio de Salud en riesgo financiero y Administrativo Alto; de la que el Ministerio de Hacienda informó el programa para el saneamiento fiscal y administrativo no fue aprobado y en consecuencia recomendó la intervención del ente prestador de salud; que en relación al manejo financiero los sindicatos de la salud advierten que el propósito del gerente es marchitar la entidad para lograr nombrar gerente interventor gracias a los oficios del jefe político del Procurador Provincial y el Gerente de la ESE, Senador Eduardo Pulgar. Procurador Provincial del que se señala no avanzó en ni una de las denuncias que le han radicado sobre los malos manejos y presuntos hechos de corrupción que se le han puesto en conocimiento y en cambio ha mostrado especial diligencia para abrir investigaciones en contra de quienes denuncian al gerente de la ESE.

Ante el Procurador Provincial las presidentas del sindicato de salud, Nidia Castañeda y Graciela Maestre, denunciaron el irregular retiro de $1.600 millones del Fondo de Cesantías Retroactivas destinados a amparar los derechos prestacionales de los trabajadores de la ESE Prospero Reverent consignados en los Fondos de Pensiones Porvenir y Protección S.A., dineros cuyo uso tiene restrictivo uso con destinación específica pero que fueron retirados para cubrir gastos de funcionamiento de la entidad. Denuncia de las que las mismas denunciantes han informado no se conoce la apertura pertinente de investigación respectiva.

Por su parte, las deficiencias denunciadas en la prestación de la salud Distrital no son gratuitas. Por ejemplo, se ha podido verificar que el gerente de la ESE, Omar Suarez Prasca,  no ha asistido a una sola de las siete reuniones de Junta Directiva convocadas, incluso por él mismo, en el 2018; razón por la cual este órgano rector no ha podido  conocer el programa de saneamiento fiscal y financiero adoptado por esta entidad. Copia de dicho programa que a julio de este año no se conocía a pesar de los requerimientos que se le han hecho por escrito.

La crisis de la ESE Prospero Reverent ha llegado a tal punto que la Dirección General de Apoyo Fiscal remitió al Ministerio de Salud oficio fechado 6 de julio de 2018 dentro del expediente 23732/2018/OFI con el que expresa la no aprobación del programa de saneamiento fiscal y administrativo de la misma. Así mismo advierte de categorización de riesgo alto adoptada mediante resolución 2249 de 2018 y por la que se recomienda a la Supersalud la intervención de dicha entidad.

La ESE además aparece reportada a 30 de abril de 2018 como una de las entidades de salud territorial que no tiene consolidada, validada y presentada la información necesaria para la evaluación de su funcionamiento.

Irregularidades éstas, entre otras, que han sido puestas en conocimiento del Procurador Provincial y respecto de las cuales no se pudo establecer se hubiere dispuesto de las actuaciones pertinentes en atención a las diferentes denuncias radicadas ante ese despacho a lo largo de lo corrido en el último año. En cambio, sí se pudo confirmar la diligente gestión del Procurador Provincial para abrir indagación preliminar disciplinaria en contra del Alcalde de Santa Marta y el Secretario de Salud por haber calificado como deficiente la gestión del gerente de la ESE. Indagación para cuya apertura sólo requirió de un mes luego de radicada la correspondiente denuncia por el mismo gerente de la ESE Prospero Reverent.

Mientras se da este intercambio de denuncias entre la Administración Distrital, el procurador Provincial y el gerente de la ESE Prospero Reverent esta entidad se hunde financiera y administrativamente sufriendo las directas consecuencias la población más pobre del Distrito cuya prestación de salud cada vez es más inexistente.









Alejandro Arias
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.

jueves, 9 de agosto de 2018

EXTRADITABLES INTERNOS EN LA PICOTA DE BOGOTÁ PROTESTAN Y DENUNCIAN VIOLACIONES A LOS DDHH


La población de internos extraditables del complejo ERON protestan por el hacinamiento al que han sido sometidos en los últimos meses, seis internos en celdas con capacidad máxima para dos con un solo baño que está tapado, el sistema de desagües colapsado y rebosamiento de aguas negras, entre otras denuncias.

Frente a la difícil situación que denuncian y la no solución por parte del INPEC solicitan el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.


Alejandro Arias

MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.



martes, 7 de agosto de 2018

LÍNEA NEGRA: NUEVO DECRETO, PRECISIONES Y CARTOGRAFÍA


Antecedentes

Una evidencia indiscutible del grado de indiferencia institucional y gremial que ha habido en relación con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira lo constituye el evidente desconocimiento de los mandatarios y líderes gremiales sobre el reconocimiento estatal en relación a un territorio ancestral demarcado por una delimitación espiritual denominada Línea Negra. 

Territorio ancestral y tradicional que está delimitado desde 1995 (Resolución 837) y la protección al desarrollo de las actividades culturales y religiosas de las comunidades indígenas en sus sitios sagrados está garantizada desde 1973 (Resolución 002).

Derechos fundamentales éstos que quedaron además consagrados en los artículos 330 y 246 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la Ley 89 de 1890, Ley 21 de 1991 y  el Decreto-Ley 4633 de 2011 con los que el Estado colombiano reconoció y protegió la coexistencia y desarrollo de los sistemas normativos de los pueblos indígenas así como la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Debiéndose por ende reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos.

Jurisprudencia

Los mandatarios y gremios empresariales hoy expresan sus preocupaciones por la expedición de un decreto cuando el comportamiento evidenciado por dichas autoridades y empresarios en su reciente historia demuestra un abuso total del derecho que lamentablemente forzaron pronunciamientos jurisprudenciales ante los atropellos de que han sido objeto las comunidades indígenas a lo largo de su existencia e historia. 

Uno de esos tantos ejemplos en la Sentencia T-547 de 2010 con que la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a la integridad económica y cultural, a la consulta previa y al debido proceso, luego de que abusivamente y en ejercicio de la fuerza fueran destruidos 22 sitios sagrados gracias al licenciamiento para la construcción de Puerto Brisa sin que autoridad alguna atendiera las quejas de las comunidades, no obstante que en la misma licencia se precisaba el respeto de tales territorios.

En desarrollo del cumplimiento de dicha sentencia la Corte constitucional profirió el Auto No 189 de 2013, con el que determinó que si bien las Resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995 expresan el reconocimiento jurídico que el Gobierno Nacional ha dado a la relación “especial y espiritual” que los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen con su territorio tradicional y ancestral, estas “ya muestran su insuficiencia, requiriéndose disposiciones más ajustadas a las necesidades del colectivo indígena.” Y aquí arranca el deber gubernamental que quedó consagrado en el decreto de redefinición de la Línea Negra.

El nuevo decreto frente a las Resoluciones vigentes de Línea Negra

La redefinición precisada en el nuevo decreto no constituía la creación de un nuevo o más amplio territorio ancestral demarcado por hitos radiales intangibles cuyo polígono conforman el territorio ancestral de las comunidades indígenas de la Sierra nevada.

En esencia el decreto mantiene las mismas delimitaciones definidas en la Resolución 837 de 1995 que demarcó la Línea Negra a través de la enumeración e inventario de 54 hitos periféricos y que ahora se precisan con 348 hitos cuya unión demarca el mismo territorio.

A efectos de corroborar y unificar los espacios visibles, terrestres, litorales y marinos que hacen parte de la Línea Negra, los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta acudieron a los mapas ancestrales codificados en espacios sagrados, los materiales de manejo ancestral, el conocimiento de sus autoridades tradicionales, así como a los resultados de los recorridos de campo que estos realizaron entre los años 2013 y 2014, con el acompañamiento del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (en adelante ICANH).

Por su parte el Ministerio de Cultura expidió la Resolución No.3760 de 2017, “por la cual se incluye la manifestación Sistema de conocimiento ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta” en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia.

¿Qué consagra el temido decreto?

En primer lugar el nuevo decreto redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta entendiéndolo como un ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, así como establecer medidas y garantías para su efectiva protección conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen de estos pueblos, en desarrollo de la Ley 21 de 1991 y atendiendo lo dispuesto en el Auto 189 de 2013 de la Corte Constitucional.

Esta protección abarca la especial relación de los cuatro pueblos indígenas con las tierras, litorales, aguas continentales y marinas; la armonía espiritual y material de las áreas sagradas de especial importancia ritual y cultural; los fundamentos culturales propios que sustentan la integralidad y conectividad ambiental, cultural y espiritual de su territorio, el de sus ecosistemas y el de los recursos naturales, así como los conocimientos ancestrales que sustentan su ordenamiento tradicional.

Por otra parte precisa que las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten.

Así mismo obliga a la autoridades ambientales y a los particulares a observar el principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

En cuanto a la propiedad privada no deja duda alguna de su respeto. El nuevo decreto precisa categóricamente: “La propiedad privada, los derechos adquiridos, de terceros con justo título y aquellos de otras comunidades, serán reconocidos y respetados con arraigo a la Constitución Política y la ley.”

En cuanto a la coexistencia de las autoridades indígenas y las constitucionalmente establecidas, consagra que “Las autoridades públicas de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM ejercen sus funciones y competencias en el territorio de la Línea Negra, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, y con sujeción a la Constitución y las leyes de la República. En caso de que la coexistencia con otros regímenes jurídicos y otras autoridades así lo requiera, se adelantará mediante mecanismos de coordinación.”

En relación a los efectos jurídicos de la delimitación de la Línea Negra el nuevo decreto se remite al marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, la ley y la jurisprudencia a los cuatro pueblos indígenas en relación con el ejercicio de participación tanto en las decisiones que puedan afectarlos, como en el uso, administración y conservación de los recursos naturales. Todo lo anterior en atención a sus valores, prácticas, instituciones, derecho consuetudinario y de conformidad con la relación jurídica que estos pueblos tienen con los diferentes ámbitos del territorio tradicional y ancestral de la Línea Negra.

Sobre los sitios sagrados, el nuevo decreto prevé un programa de adquisición de los terrenos en los que éstos estén ubicados e identificados.  Para ello dispone que el “Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Tierra (ANT) establecerá con la participación plena y efectiva de las autoridades públicas propias de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, una ficha de inversión específica para el plan de adquisición de predios ubicados en el polígono de la Línea Negra, cuyo seguimiento estará a cargo de la instancia establecida en el artículo 11 de este decreto.”

En lo que atañe al derecho de acceso a los espacios sagrados del territorio tradicional y ancestral de la Línea Negra ordena a los Ministerios del Interior, Cultura y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las autoridades públicas propias de los cuatro pueblos, y las demás autoridades territoriales y ambientales con jurisdicción en la Línea Negra, la adopción de las medidas y las acciones necesarias para garantizar el acceso a los espacios sagrados por parte de los cuatro pueblos, a fin de realizar sus prácticas tradicionales, de conformidad con el artículo 2° de la Resolución 002 de 1973 y el bloque de constitucionalidad.

Así mismo precisa que las autoridades de estos cuatro pueblos podrán solicitar ante el Ministerio del Interior que coordine los espacios necesarios con la entidad territorial, para la elaboración de acuerdos o protocolos de acceso a los espacios sagrados de la Línea Negra sobre áreas o predios determinados, en caso de que no haya sido garantizado. Para la elaboración de dichos instrumentos se garantizará la participación plena y efectiva de los cuatros pueblos indígenas y serán convocados los terceros con justo título. El Ministerio Público se encargará de vigilar el cumplimiento de dichos acuerdos y protocolos.

Pánico infundado

Sin lugar a dudas no hay peor consejero que el desconocimiento y en este caso abusaron del mismo los Gobernadores y miembros gremiales frente al expedición de este nuevo decreto que en esencia recogió con total rigurosidad las normas vigentes, las órdenes jurisprudenciales proferidas por la Corte Constitucional y el sentir de una comunidad que ha subsistido a pesar del desprecio, la persecución y la violencia de la que han sido víctima los últimos quinientos y tantos años.

Les guste o no a estos mandatarios y líderes gremiales, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta también son colombianos y en consecuencia son sujetos de derechos.

Adjunto podrá descargar la cartografía que hoy conforma la Línea Negra:  https://1drv.ms/b/s!AsDo-13e3F1PkkBrsE3pFnSM1_U5  

Alejandro Arias

MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.

viernes, 3 de agosto de 2018

¿Procuraduría, arma secreta de las nuevas mayorías del Concejo Distrital de Santa Marta?


Se denuncia que las nuevas mayorías que hoy dominan el Concejo Distrital de Santa Marta estarían utilizando a la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional del Magdalena, para presionar prebendas so pena de bloquear las iniciativas y aperturar investigaciones en contra de funcionarios y concejales.


Alejandro Arias
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.

lunes, 16 de julio de 2018

LA DENUNCIA DE CARBOSAN CONTRA MAURICIO SUÁREZ QUE SALPICA A RAÚL MAESTRE Y OTROS EX FUNCIONARIOS

La Sociedad Portuaria de Santa Marta -SPSM- es considerada la punta de lanza del desarrollo agroindustrial y comercial del norte del Magdalena. La suerte de esta empresa determina de forma significativa los indicadores económicos y sociales de la región razón por la cual, todo cuanto suceda alrededor de esta empresa resulta ser de vital interés.

La denuncia penal radicada por la sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda -Carbosan Ltda.-, de la cual la Sociedad Portuaria es socia con la mayor participación social, en contra del ex representante legal de ambas compañías, Mauricio Suárez Ramírez, y en la que se salpica a otros altos ex funcionarios como Raúl Maestre, vicepresidente de Seguridad de SPSM y Director de Seguridad de Carbosan,  y Jimmy Bolaño Tarrá, Auditor General de Carbosan destapa el que pasaría a ser el preámbulo del mayor escándalo de corrupción privada en el sector.

El representante legal de Carbosan Ltda., Domingo Segundo Chinea Barrera, debidamente habilitado por la Junta Directiva y a través de abogado radicó denuncia penal en contra de Mauricio Suárez apoyado en los resultados de una auditoría realizada por considerar que existió un verdadero interés y móvil ilícito por parte de éste para favorecer a Javier Prada Sánchez a través de sociedades de propiedad de éste último Opl Carga SAS, Opl Logística SAS y C.I. Pradaz Limitada asociadas al contrato del servicio de cargue y transporte terrestre de carbón en el proyecto con CNR.

Contrato del proyecto de CNR y otro relacionado con la firma Operlog, también filial de SPSM, por las que las sociedades Opl Cargo y Opl Logística recibieron en total una suma de cinco mil millones de pesos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016.

De acuerdo con los resultados de la auditoría este contrato presentó graves inconsistencias que se detectaron desde el proceso mismo de licitación el cual según las evidencias demostrarían hubo un marcado interés por parte del ex gerente Suárez Ramírez en direccionar y contratar las empresas de su amigo y socio Enrique Prada haciendo maniobras no autorizadas por la Junta Directiva y pagos por un monto aproximado de $1.360 millones antes de que se cumplieran a cabalidad los procesos de licitación y en consecuencia suscripción del contrato respectivo.

Dentro de las inconsistencias se reseñan: que las invitaciones privadas se cursaron el 29 de enero de 2015, que la apertura de la urna con las propuestas se hizo el 3 de febrero, que el contrato se suscribió el día 13 de abril de 2015, pero éste ya se estaba ejecutando desde el 1 de febrero. Tanto así que la primera factura que emitió Carbosan a CNR por concepto de este proyecto data del 17 de febrero de 2015 por una cuantía no despreciable de $868 millones, que TSP emitió la primera factura a Carbosan el 28 de febrero de 2015 por valor de $ 371 millones y que la sociedad Opl Logística (distinta a Opl Carga que suscribió finalmente el contrato) emitió la factura el 31 de marzo de 2015 por valor de $114 millones.

Varios correos electrónicos sustentaron las hipótesis de la firma auditora respecto del presunto favorecimiento personal de Mauricio Suárez a Javier Prada en detrimento de las empresas que representaba y la estrecha relación que éstos sostenían.

Uno de estos correos es del 2 de enero de 2015 con el que Mauricio Suárez, encontrándose en vacaciones, le indica a Diana Lozano, Directiva Jurídica Corporativa de Carbosan Ltda. que será él quien maneje directamente lo relacionado con el negocio con CNR: “(…) esto debe esperar a mi llegada para negociar con el transporte y con la operación de patio (…) esto lo manejaré directamente desde la gerencia (…)”.

El informe de auditoría, que sirve de soporte para la denuncia, con relación a este manejo concluye que el especial direccionamiento del proceso de selección de subcontratistas resulta facilitado cuando el mismo Mauricio Suárez emite instrucciones expresas para que sea Raúl Maestre, vicepresidente de Seguridad de SPSM y director de Seguridad de Carbosan quien se encargue de afinar este proceso de selección de forma tal que se “ayudara” y “favoreciera” a Javier Prada Sánchez y sus sociedades.

Se precisa al respecto en la denuncia: “engranada debidamente así la estructura interna de esta componenda orquestada desde la Gerencia de Carbosan en este proceso de selección y contratación, resultaba muy significativa la participación del señor Raúl Maestre Alto Directivo de Carbosan como se dijo, y quien según los correos anteriores se constituía como vocero o interlocutor de la posición e intereses de las empresas Opl Carga y Opl Logística, pese a su desconocimiento del tema operativo, cuando de la auditoría especial se pudo comprobar que este ejecutivo tenía intereses en contratos de vigilancia celebrados entre la empresa familiar de su propiedad Vivac (Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Vivac Limitada representada por su esposa Nancy Stella Navarro), y la sociedad OPL Carga de propiedad de Javier Prada Sánchez, esta última quien suscribió el contrato para el proyecto CNR”.

El otro hallazgo denunciado está relacionado con pagos asociados al proyecto CNR por suma aproximada a $680 millones por concepto de facturación por “sensores de peso” que no fueron aprobados por la Junta Directiva de Carbosan.

Apoyado en los informes de auditoría, Carbosan denunció el favorecimiento personal de Suárez Ramírez de las operaciones realizadas a través de las sociedades C.I. Pradaz Limitada y Comfort Life Designing Spaces Limitada mediante la facturación de servicios inexistentes por valor de $480 millones que mediante una operación financiera al interior de la SPSM sirvieron para amortizar el pago de un crédito personal que ésta le otorgó en el 2013 por monto de $800 millones.

“En efecto, el modus operandi descubierto por KROLL consistía en que desde SPSM se impartía la instrucción a la sociedad C.I. Pradaz Limitada de facturar unos servicios inexistentes de transporte, para que, luego de proceder a radicar las facturas en las oficinas de la SPSM, se realizaría un proceso interno de validación y revisión para aprobar su pago, previas los cálculos de retenciones fiscales de ley. Una vez aprobado su pago, se emitían los cheques correspondientes girados a la sociedad C.I. Pradaz Limitada con la restricción de ser pagados a la orden de ésta como primer beneficiario. Pero en realidad, según indicó el informe de KROLL, el comprobante de egreso nunca fue firmado por la sociedad beneficiaria (aparece sin firma), sino que internamente se producían dos trámites igualmente fraudulentos: a) De una parte, los cheques girados restrictivamente en noviembre de 2015 y mayo de 2016 a C.I. Pradaz Ltda., nunca fueron entregados a su “ilegítimo” beneficiario, sino que se consignaban en las cuentas de propiedad de SPSM en el Bancolombia. b) Y una vez ingresaban estos valores a las cuentas de SPSM, tales recursos eran destinados a ser abonados a un crédito que la Junta Directiva le otorgó a Mauricio Suárez en sesión de enero de 2013.” Hecho que quedó consignado en la denuncia penal radicada.

Con relación a todas estas operaciones fue cuestionado el Auditor General de Carbosan, Jimmy Bolaño Tarrá, quién informó desconocer todos los detalles de las operaciones que se pusieron en su conocimiento. No obstante, en desarrollo de las investigaciones de auditoría, se pudo confirmar que Bolaño Tarrá desde años atrás era el contador personal, junto con su esposa, del ex gerente Mauricio Suárez Ramírez y de sus sociedades. Quien luego aceptó haber firmado como contador los balances generales y estado de resultados de Suárez Ramírez para los años 2011 a 2015, y haber cobrado honorarios por estas gestiones.

Pero si las cosas por Carbosan Ltda. no parecen hubieran estado bien; por cuenta de las actuaciones de estos ex directivos, por los lados de la SPSM los indicios logrados no permiten noticias alentadores. No en vano avanza una auditoría externa sobre las operaciones realizadas en los últimos 17 años que permiten inferir la posible defraudación a las finanzas de esta empresa por un monto aproximado a los 17 millones de dólares.

No hay dudas que las Directivas de Carbosan y la SPSM, con la denuncia y auditorías contratadas, respectivamente, están decididas adelantar una lucha frontal en contra de la corrupción en su sector.

Alejandro Arias
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.

lunes, 30 de abril de 2018

Vargas Lleras, Eduardo Diazgranados y fiscales salpicados en caso de soborno a testigos

"Mira, eso que capturaron a Caicedo el día de su cumpleaños (el de Álvaro Cotes), y ese regalo se lo dio German Vargas. (...) Claro, él (el Mello Cotes) tiene que echar a un lado a Caicedo o echarlo porque es la única manera de que las maquinarias de Vargas puedan crecer en el Magdalena." Dilia Barón a los hermanos Rojas Mendoza en la cárcel Modelo de Barranquilla





El pasado 7 de marzo, los ex paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona, Adán y José Gregorio Rojas denunciaron en plena diligencia en el Tribunal Superior - Sala de Justicia y Paz haber sido objeto de propuestas de soborno por parte de los abogados Alex Fernandez y Dilia Barón para que aquellos declararan en contra de Carlos Caicedo y falsamente lo sindicaran de ser el determinador de los homicidios de la Universidad. Para lo cual pagaron $100 millones como anticipo de $1.000 millones pactados; trato que cerraron éstos a nombre de Álvaro Cotes Vives, hermano de la actual Gobernadora Rosa Cotes y padre del ex gobernador Luis Miguel Cotes.

Con la denuncia, los hermanos Rojas Mendoza aportaron una serie de audios que grabaron en la cárcel Modelo cuando los abogados los visitaban e impartían las instrucciones sobre las declaraciones y denuncias que debían hacer a los fiscales, según palabras de los mismos abogados, ya organizados para actuar según ellos indicaban.

De dichos audios SUMARIO TV, en primicia, obtuvo copia de uno de ellos. Audio en el que se escuchan reveladores hechos sobre el manejo que se le daba a los proceso contra Caicedo en plena coordinación con fiscales y politicos y en el que además se deja al descubierto que las solicitudes de los falsos testimonios también enlodaran al periodista Alejandro Arias y al ex parlamentario Hernando Escobar.

Escuche los apartes más relevantes de las instrucciones que los abogados Fernández y Barón impartían a los hermanos Rojas Mendoza para sindicar de graves delitos al ex candidato a la presidencia Carlos Caicedo, al periodista Alejandro Arias y al ex parlamentario Hernando Escobar.

https://youtu.be/5ypb455Wp8k

Alejandro Arias
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente, 
así como los soportes con los que se documenta. 
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.