Esta semana debe fallar el
Tribunal Administrativo del Magdalena las tutelas que bajo el liderazgo de
Clara López Obregón radicó la Fundación Misión Colombia - FMC y con las cuales se pretende dejar sin
efectos la licencia ambiental proferida para la construcción del Proyecto
Ecoturístico Los Ciruelos y el contrato de Concesión suscrito en favor de la
Unión Temporal Parque Tayrona.
En ambas tutelas la FMC
actuó como agente oficioso de las comunidades indígenas de la SNSM y se
sustentaron en el mismo argumento constitucional: se vulneró, en ambos casos,
los derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas a las consultas
previas.
En desarrollo de la
actuación judicial la Confederación Indígena Tayrona se pronunció mediante
escrito suscrito por 14 Mamus Mayores respaldando y coadyuvando las solicitudes
de las demandas (Ver CARTA
MAMUS APOYO DDA CIRUELOS: http://sdrv.ms/V6YH0J
y CARTA APOYO MAMUS DDA
CONCESION: http://sdrv.ms/Z2btRE), tanto
así que uno de esos Mamus Mayores, Mamu Vicencio, no dudó en dar testimonio
ante la magistrada ponente.
Así mismo se hicieron
las precisiones que las consultas previas no se reducen a una socialización ni
a un desayuno con whisky con algunos líderes indígenas (Ver http://vimeo.com/53984377) y el Ministerio
del Interior certificó que el Parque Tayrona, de acuerdo con la Resolución 837
de 1995, se encuentra dentro de la línea negra precisando que los terrenos
donde se licenció el Proyecto Los Ciruelos está en medio de dos hitos sagrados
protegidos y que el lugar donde están los Ecohabs y los senderos concesionados
para recorridos turísticos están ubicados en medio de seis hitos sagrados
reconocidos (Ver MinInterior
Oficio 419: http://sdrv.ms/WYFaNy y MinInterior Oficio 478: http://sdrv.ms/WWrfdL).
Pero más allá de estos
sustentos legales tiene en sus manos el Tribunal Administrativo del Magdalena
decidir con sus fallos la suerte del Parque mismo.
La amenaza contra la
subsistencia del Parque es indiscutible, habida cuenta que los antecedentes
demuestran que el Parque Tayrona no es tan ajeno a la licencia del Quimbo y a la
de Puerto Brisa; y de estos dos se tienen antecedentes de las consecuencias y
el incalculable precio pagado por semejante error. Como de igual forma, al
parecer, tampoco es ajena la concesión
del Parque Tayrona al crimen organizado, cuya continuidad sería un mensaje a la
impunidad.
En octubre del año pasado
los colombianos fuimos enterados, por parte de la Contralora General de la
República, que una indagación preliminar sobre el proyecto hidroeléctrico El
Quimbo dio como resultado la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal
por un posible daño patrimonial estimado en $350.644'239.075.
De acuerdo con la valoración
de los hechos y las pruebas, la Delegada para el sector Medio Ambiente halló
suficientes elementos que demuestran la afectación de la movilidad; la pérdida
de la productividad marginal de la tierra; el vertimiento de material al río
Magdalena; incumplimientos en la realización de revegetalización; retrasos en
la restitución de empleos asociados a las zonas productivas y en la
restauración de los servicios ambientales de los bosques e impacto ambiental
sobre la fauna y la flora.
De Puerto Brisa se pudo
confirmar que en contravía a las prohibiciones estipuladas en la licencia
ambiental fueron literalmente destruidos dos ecosistemas, entre ellos uno único
de mangles rojos, y se dinamitó sin piedad un cerro sagrado indígena reconocido
así por el Estado Colombiano mediante la determinación de la línea negra (Res
837/95).
En
este paraíso ecosistémico de Dibulla (Guajira) fue arrasada toda la vegetación y la capa orgánica del
suelo, sin que se pudiera establecer la cantidad de lo evacuado ni el sitio en
el que se depositó. Para darle paso a una vía de acceso se rellenó el más
importante “humedal” habitad del caimán aguja con lo cual se afectó la estructura,
funcionalidad, productividad y diversidad del ecosistema.
Por su parte, el único cerro costero que existía −el cerro Jukulwa− sagrado para los indígenas
de la SNSM y reconocido en los hitos de la línea negra fue dinamitado hasta
desaparecer la mitad del mismo. Daños éstos que nunca podrán ser reparados y
quizás no habrá precio justo para compensarlo.
¿Qué
tienen en común el Quimbo y Puerto Brisa con la licencia otorgada al proyecto
Los Ciruelos? Que quien firmó la licencia del Quimbo fue la misma funcionaria
que profirió la licencia Los Ciruelos, Diana Marcela Zapata Pérez Directora de
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. Y que para otorgar la licencia de Puerto Brisa se
utilizó el mismo método utilizado para la Licencia Los Ciruelos: desconocer
los derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas de la
SNSM a las consultas previas. (Ver LICENCIAS QUIMBO: http://sdrv.ms/TZyeTz,
PUERTO BRISA: http://sdrv.ms/11ZOfMZ y LOS CIRUELOS: http://sdrv.ms/Xv4cTN)
No
creo sea casual que la licencia de Los Ciruelos haya sido suspendida en el 2011
por haber hecho, sus titulares, excavaciones en lugares prohibidos o no
autorizados en la licencia ambiental, amenazando no solo el ecosistema sino
importantes sitios ancestrales de las comunidades indígenas. (Ver http://bit.ly/VHSKrE)
Por
su parte, en lo que respecta a la Concesión Parque Tayrona basta recordar las
declaraciones, ante los estrados judiciales, de José Gelves Albarracín – El
Canoso; que de acuerdo a su relato esta concesión terminó favoreciendo
intereses de paramilitares, que para la participación de éstos los socios
legales presuntamente recibieron dineros producto de la extorsión y el
secuestro y que la Cámara de Comercio de Santa Marta, socia en este negocio, fue
el enlace para que los papeles quedaran presuntamente dentro de la legalidad.
(PARQUE TAYRONA: ABRIR AUDIO)
Estas
dos tutelas en contra de la licencia Los Ciruelos y la Concesión del Parque
Tayrona no sólo enarbola un alto contenido de justicia con los pueblos
indígenas y los ecosistemas que en el Parque se protegen sino también moral,
pues se aspira romper con la histórica práctica que enseña que la ilegalidad y
el crimen sí pagan en Colombia.
Esta semana el Tribunal Administrativo del
Magdalena decidirá.
Twitter: @ALEJANDRO_ARIA2
E-mail: alejandroarias@dialnet.net.co
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