El 5 de noviembre de 2011 en
desarrollo de las denuncias publicadas sobre la invasión y construcción ilegal
al interior del Parque Tayrona; luego del anuncio del Presidente Santos de la
construcción del hotel Six Senses hubo una publicación en particular. La de una
cabaña que figuraba a nombre de un pescador que costaba más de $ 600 millones
en la playa de Cinto, Parque Tayrona. (VER PUBLICACION DE EL HERALDO: http://bit.ly/2moWPEV)
Catorce días después de la publicación, y luego
de un año de enfrentamientos jurídicos, el 19 de noviembre de 2011 las
autoridades confirmaron que la cabaña que denunciamos se había construido violando
normas ambientales y sin permisos, era rápidamente demolida. Cabaña que de
acuerdo a versiones recibidas de pescadores artesanales del sector en realidad
era propiedad de la familia de la hoy Ministra de Comercio, María Claudia
Lacouture.
Demolición y traslado de
material que se surtió el día 20 de noviembre con la lancha de nombre
“Papebupa” con número de matrícula: CP 40954.
Los mismos pescadores no
dejaron pasar la oportunidad para señalar que el padre de la hoy Ministra pagó
para que las barreras coralinas, de gran riqueza, fueran dinamitadas para
facilitar el paso de su yate.
Más allá de este antecedente
familiar y los intereses que asocian a la Ministra con la posibilidad de volver
a construir la nueva infraestructura familiar al interior del Parque Tayrona se
suma la conocida cercanía de ésta con los socios de los proyectos Six Senses y
Ciruelos, quienes nunca han renunciado a su construcción y también tienen su
historia de destrucción en el Parque Tayrona. (VER PARQUE TAYRONA: DE REPLAY, CON LOS MISMOS DE COSTAS
CHRIST Y SIX SENSES: http://bit.ly/2maz1nQ)
Proyecto Six Senses que en su
oportunidad pretendieron aprobar sin las consultas previas apoyados por algunas
autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de entre ellos el hoy
Asesor del Ministerio de Ambiente, Danilo Villafañe. Acto que los Mamus de los cuatro
pueblos reprobaron. (VER
VIDEO PUBLICADO POR EL ESPECTADOR EL 31 DE OCTUBRE de 2012: http://bit.ly/2ma55YQ)
El
Decreto
De la Ministra Lacouture se
han escuchado reiteradas declaraciones sobre el decreto. Con ellas ha expresado
una supuesta voluntad de conservacionismo natural al interior de los Parques
con el famoso decreto que impulsa.
Lo que no ha revelado la
Ministra, con sus declaraciones, son los puntuales ejes que sostiene como
objetivos el dichoso decreto.
No ha dicho que con el mismo
se pretende crear la figura del turismo naturaleza en áreas del Sistema de
Parques Nacionales con un enfoque sectorial de desarrollo económico y de
rentabilidad, que privilegia la explotación comercial prevaleciendo éstos por
encima de los fines de conservación.
Que con la figura del turismo
naturaleza deja abierto el camino para la construcción de nuevas
infraestructuras hoteleras y de servicios de hospedaje en los Parques
Nacionales.
No contó tampoco que de un
plumazo con el mismo decreto se deroga el artículo 5 de la Resolución 531 de
2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dispone
que las únicas nuevas infraestructuras permitidas para el alojamiento en los
Parques Nacionales son las carpas y las hamacas en las zonas definidas para
camping.
Y mucho menos nos ha enterado que
para fundamentar la expedición del citado decreto se apoyó en el artículo 27 de
la Ley 300 de 1996, artículo sobre la que muchos especialistas concluyen no
cuenta hoy con fuerza ejecutoria.
Temas sobre los que bien
debiera referirse la Ministra Lacouture y aclararles a los colombianos.
La
incómoda resolución
De todo el articulado que
compone el proyecto de decreto, quienes hemos podido leerlo, entendemos que el principal
objetivo que se persigue con el mismo es sacar de circulación la Resolución 531
de 2013. El más importante logro tendiente a proteger los Parques Nacionales y
las Áreas Protegidas del país, haciendo prevalecer la función de conservación
por encima de cualquier otra actividad.
Muchos han sido los ataques
contra esta norma que en su momento legaron al país Ministros de Ambiente como
Frank Pearl, que dejó sentadas las bases, Juan Gabriel Uribe, que lo suscribió,
y Luz Elena Sarmiento y Gabriel Vallejo que lo implementaron dejando un sistema
ambiental debidamente resguardado.
El último de los ataques de
que fue víctima esta Resolución lo propinó en el 2015 un paisano de la Ministra
Lacouture, el samario Fabián Enrique Granados Codina. Quien invocando defender
los derechos de consultas previas de las comunidades indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta interpuso ante el Tribunal Administrativo del Magdalena
una acción de tutela con la que solicitó dejar sin efecto la totalidad de la
Resolución 531. (VER
DEMANDA DE TUTELA: https://1drv.ms/b/s!AsDo-13e3F1PkiD-24iaA5uU93r4)
Con lo que no contó el samario Granados Codina
fue que las mismas comunidades indígenas expresaran ante el Tribunal
Administrativo que la Resolución 531 resultaba ser una garantía de protección
de los Parques y de sus derechos ancestrales, por más de cien años conculcados y
sólo hasta ahora reconocidos mediante fallos judiciales.
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
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Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente,
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Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.
