En los últimos años ha hecho
carrera que los delitos de sangre no existen como para justificar la renovación
de las estructuras paramilitares y parapolíticas del Magdalena en cabeza de
hijos, esposas y miembros cercanos de las organizaciones que mantienen voz y
mando de ex comandantes “paracos” y ex jefes políticos condenados por la
“parapolíca”.
La reciente sentencia (31 de julio de 2015)
proferida contra el ex jefe paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias
Carlos Tijeras, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala de Justicia y
Paz- se ocupó sobre la irrealidad de este
dogma popular auspiciada por líderes y medios locales y particularmente se
refirió a los casos de Luis Miguel Cotes habeych y Rosa Cotes de zuñiga.
El Tribunal Superior de
Bogotá apelando a la teoría de la autoría mediata por dominio de organización
fue fundada por el profesor alemán Claus Roxin consideró de suma gravedad en su
fallo el hecho de que familiares y antiguos coequiperos de personas condenadas
por concierto para delinquir agravado se sigan presentando a elecciones y
logren así ocupar cargos públicos; constituyéndose con ello un riesgo para
garantizarles a las víctimas y la sociedad colombiana en su conjunto, que no
volverán a sufrir de los males del pasado, puesto que muchos de los alcaldes,
gobernadores y congresistas que se relacionaron con los paramilitares, y que
fueron los responsables de eliminar la pobreza (y no lo hicieron), hacen parte
de maquinarias políticas que no dejarán de existir porque hayan sido
judicializados uno o varios de sus operadores, y mucho menos dejarán de existir
tras la desmovilización colectiva de las denominadas AUC.
Precisó el Tribunal que con
las evidencias y aclaraciones aportadas ésta llama la atención sobre las
posibilidades reales que tienen las víctimas para gozar de su derecho a la no
repetición de atrocidades vividas, pues así como se trata en las audiencias el
tema de las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) como factores continuadores
de la violencia y la corrupción; también se debe tener en cuenta el reacomodamiento
de las maquinarias políticas que tuvieron vínculos con los grupos
paramilitares.
La Sala consideró que se
trata de “maquinarias políticas” porque quienes hacen parte de ella (como los
“parapolíticos” condenados) comparten el propósito común de ganar elecciones
para ocupar cargos públicos y acceder a las rentas del Estado, sin tener en
cuenta consideraciones de tipo programático, ideológico o partidista.
Para el caso del Magdalena, sustentó
la Sala, que el hecho de que el propósito común y prioritario de quienes conforman
una maquinaria política sea ganar elecciones para poder ocupar cargos públicos
(y desde allí tener acceso al presupuesto público), hace que no importe quien
sea el candidato y cuál Partido Político otorgue el aval. Dicho de otro modo:
las maquinarias políticas operan bajo el principio de fungibilidad, pues sus
miembros son intercambiables y sustituibles, por eso, pueden ser hijos,
hermanos o asesores de confianza quienes sucedan y releven generacionalmente a
los políticos condenados e inhabilitados por sus nexos con grupos armados al
margen de la ley.
Advirtió con su fallo en
relación a maquinarias políticas, el que sus integrantes utilizan las
elecciones como un método estandarizado para compartir privilegiadamente el
poder burocrático. “Por ende, cada que hay una elección, las maquinarias
políticas se reacomodan, pues sus integrantes acuerdan cómo sería a posteriori
el reparto de los cargos públicos y los contratos, dependiendo del número de votantes
que lograron movilizar durante los comicios” se puntualiza en la sentencia.
Concluyó en su sentencia el
Tribunal:
“Un caso ilustrativo que muestra cómo se dio el reacomodamiento de las maquinarias
políticas que se vincularon con los grupos paramilitares, fue la elección como
gobernador del departamento de Magdalena del joven Luis Miguel Cotes Habeych.
Así, con 171,153 votos (equivalentes al 41.90% de la votación), y avalado por un
movimiento ciudadano llamado “Respeto por Magdalena”, Luis Miguel Cotes ganó la
contienda.
Como
gobernador electo nombró en su gabinete a compañeras sentimentales, familiares,
amigos o antiguos asesores de despacho de personas condenadas por auspiciar grupos
armados ilegales. Es decir, Cotes tuvo en cuenta a gente cercana al ex alcalde
de Santa Marta, José Francisco Zúñiga Riascos; al ex gobernador de Magdalena,
José Domingo Dávila Armenta; y al ex congresista Alfonso Antonio Campo Escobar.
Dado que las maquinarias políticas que se aliaron con grupos paramilitares se han
reacomodado, justamente porque se orientan por el principio de fungibilidad; la
Sala, en aras de velar por el cumplimiento efectivo del derecho a las víctimas
y la sociedad colombiana de disponer de garantías de no repetición; exhorta a
la Fiscalía General de la Nación para que en las audiencias que se adelantan en
esta jurisdicción, se dé cuenta de dichos reacomodamientos e informen si la
permanencia en cargos públicos de familiares, amigos o antiguos funcionarios
públicos que trabajaron de la mano de personas condenadas por auspiciar grupos
armados ilegales, haya podido obstaculizar el cumplimiento de la normatividad
de Justicia Transicional en Colombia, especialmente aquella relacionada con la
implementación de la Ley 1448 de 2011.
Por
ende, esta exhortación reviste de importancia pues en los Artículos 121, 122 y 171
del Decreto 4800 de 2011 que reglamenta la Ley 1448 de 2011, se le asigna un rol
protagónico a los gobernadores, alcaldes, secretarios de salud departamentales
y municipales, secretarios de educación departamentales y municipales, y
secretarios privados departamentales y municipales, para garantizar el adecuado
funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y los
Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.
De
esa forma, la Sala optó por esta exhortación para prevenir que dichos funcionarios
públicos estén o lleguen a estar obstaculizando el funcionamiento óptimo del
modelo de Justicia Transicional, pues de ellos depende en gran parte que los derechos
de las víctimas lleguen a satisfacerse”.
Dentro del grupo de personas a los que el
Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Fiscalía General de la Nación dé
cuenta de sus reacomodamientos dentro de las maquinarias políticas asociados a
la parapolítica se encuentra la actual candidata a la Gobernación del Magdalena
por el Partido Cambio Radical, Rosa Cotes de Zuñiga, quien ya comienza a
figurar en los expedientes penales del proceso parapolítico.
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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