Los acontecimientos de los
últimos días solo evidencian que las cosas con la empresa Electricaribe S.A.
ESP. no han cambiado y que la incuria del Gobierno Nacional y la de los
mandatarios locales, en función a resolver la profunda problemática asociada a
la prestación del servicio público domiciliario de suministro de energía
eléctrica en la Costa, hacen de esta una bomba social cada vez más peligrosa.
La Superservicios en desarrollo de las acciones de vigilancia y control sobre
el servicio de energía eléctrica en la región caribe terminó celebrando con
esa empresa, en noviembre de 2012, un acuerdo de mejoramiento para verificar
los avances y establecer los indicadores de seguimiento de calidad del
servicio. Acuerdo, que como los anteriores, resultó ser otro saludo a la
bandera.
Para establecer la
inutilidad de estos acuerdos y la desatención gubernamental ante las continuas
fallas en la prestación del servicio basta revisar la historia reciente de la
misma.
En primer lugar se ha hecho
costumbre que a la hora de las responsabilidades frente a las deficiencias
denunciadas se apele a la presunta circunstancia de no pago de las comunidades.
Pero cuando uno hace una verificación de lo que ha venido ocurriendo se
encuentra uno que en contra de las comunidades que mayores conflictos presentan
se han cometido grandes injusticias a efectos de amasar un jugoso negocio.
Una primera evidencia la
arroja el “Informe de Auditoria Externa de Gestión y Resultados – 2004 suscrito
por Jesús Salcedo, Representante Legal de Deloitte & Touche Consultores Ltda.
empresa auditora externa de Electricaribe S.A. E.S.P.
En este informe se precisó
que “Durante el año 2004 se recibieron $39.914 millones de Foes (Fondo de
Energía Social) en Electricaribe, Electrocosta y Energía Social”. Dineros estos
que estaban destinados a disminuir el costo de la energía de los usuarios de
las zonas especiales.
Sin embargo, de acuerdo con
dicho informe, dichos recursos sirvieron para que “la empresa dispusiera,
durante el segundo semestre del año, de la caja necesaria para afrontar sus
obligaciones y adelantar los planes y programas previstos” Concluyó el informe
diciendo que “La estabilidad en el flujo de caja de la compañía, logró que la
empresa quedara al día con todas sus obligaciones con generadores, proveedores
y contratistas”.
Es decir, estas empresas
ajustaron sus finanzas con los dineros que estaban destinados a disminuir el
costo de la energía de los más pobres.
Las
redes no son ilegales
Por otra parte ni Electricaribe
S.A. ESP. ni su subsidiaria Energía Social S.A. ESP. invierten un solo peso
para la mejora de las condiciones de las redes de suministro a los barrios
subnormales. Amparados en los contratos comunitarios de suministro de energía
obligan a las comunidades al aporte de postes, redes, transformadores, etc.
para poder acceder al servicio. Tales infraestructuras se instalan previo
diseño de la empresa Electricaribe S.A. ESP. con apoyo de la mano de obra de Energía
Social S.A. ESP.
Por lo que resultan falsas
las afirmaciones de dichas empresas en relación a la justificación de que se
tratan de conexiones rudimentarias y antitécnicas.
Más grave aún es el hecho
que no obstante que los dueños de la infraestructura son las comunidades a
éstas no se les reconocen las compensaciones por el activo aportado en la
tarifa que se les cobra.
La
Normalización sólo ha sido anuncios
Energía Social S.A. ESP. ha
precisado que en el Departamento del Magdalena, por ejemplo, se cuentan 535
barrios subnormales y alrededor de 100 mil familias o usuarios conectados
irregularmente al servicio. Usuarios que de acuerdo con la Resolución CREG 120
de 2001 debieran haber sido normalizados hace once años. Es decir, a más tardar
el 6 de julio de 2004.
Lo más lamentable de la
situación es que de acuerdo con el último reporte PRONE (Programa de
Normalización Eléctrica) conocido sólo hay aprobados para el Departamento del
Magdalena 23 proyectos que beneficiarían supuestamente a 11.561 familias y
normalizarían el servicio a 40 barrios de 8 municipios.
Pobre gestión después de más
de 10 años en los que se anunciaron multimillonarias inversiones por parte del
Gobierno Nacional y la misma Electricaribe S.A. ESP.
Lo cierto es que en el
Magdalena hoy debieran estar normalizado el servicio de suministro de energía
eléctrica de los siguientes asentamientos subnormales: En Santa Marta: Portales de la Avenida, Los Cardonales, Luis Carlos,
Galán, Ondas del caribe, 8 de Diciembre, Monterrey, Timayui. Ciénaga: Arbolada, paraíso y
Urbanización Nueva Floresta. Zona
Bananera; Las Palmas, San José de Kennedy, San Juan, Tucurinca y Zawady. Piñón: barrios Arriba, El Carmen, El
centro, Abajo y Villa San Carlos. Fundación:
barrios Altamira, Faustino Mojica y Cordobita. Plato: Mercedes, Victoria, Villa Rosa. Salamina: San Martín, Nueva, Esperanza, Pastoral y Barrio Abajo. El Banco: Las Américas, Las Marías, San
Martín, Trino Luna y El Carmen.
Electricaribe
ya ha sido sancionada por irregularidades cobros de recursos
La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios mediante comunicado de prensa informó hace
unos años que Energía Social S.A. ESP. mediante la presentación de facturas de
usuarios no registrados en el SUI (Sistema Único de Información de la
Superservicios) se apropió de forma irregular de $ 15.000 millones por concepto
de subsidios, lo que motivó una millonaria sanción de la misma.
En su disposición la
Superservicios precisó que “Ello no sólo atentó contra la estabilidad del
esquema sino que además priva del servicio a miles de familias que tienen en el
subsidio su única esperanza de acceder a dicho servicio en condiciones dignas”.
De esta sanción se supo que
había sido recurrida pero nunca se informó si finalmente la misma se hizo
efectiva.
Conducta que,
independientemente la suerte de la sanción, genera serias dudas en relación con
las cifras y los censos que ha reportado esta empresa a efectos del cobro de
los subsidios a que tiene derecho por cada kilovatio entregado a las
comunidades más deprimidas de la región.
Barrios
de Invasión y Alto Riesgo legalizados por cuenta del servicio
Y es que por la vía de la
suscripción de contratos comunitarios a diestra y siniestra se han venido
legalizando asentamientos en zonas de alto riesgo, invasiones y loteos muy a pesar
la prohibición expresa que consagra la ley de invertir dineros públicos en este
tipo de asentamientos.
Luego de tantos años, abusos y maltratos a los
más pobres de la región Caribe Colombiana, no podría uno cuestionarse, el que
Electricaribe S.A. ESP. sea ¿una asociación para delinquir?
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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