La Sala Cuarta de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional aceptó tener en cuenta las
consideraciones de carácter ambiental que se denuncian contra la vía La
Prosperidad a la hora de decidir el expediente T-4.130.835 dentro de la acción
de tutela instaurada por el Instituto
Nacional de Vías -INVIAS- contra el Departamento del Magdalena.
Ante tal aceptación por
parte de la Sala Cuarta de Revisión fue radicado memorial en el que se
relacionan las reiteradas manifestaciones de los especialistas que anticipan
los diseños de dicha vía y su construcción pueden generar efectos adversos a
los ecosistemas que atraviesa y generaría potenciales posibilidades de
inundación a importantes territorios rurales del Atlántico y Barranquilla.
A las advertencias de la Procuraduría
General de la Nación, el Ministerio de Transporte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
el Invías se han sumado las de autoridades y expertos ambientales como las
expuestas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -Corpamag- y el Instituto
de Investigaciones Hidráulicas y Ambientales de la Universidad del Norte.
Corpamag advierte sobre los
efectos negativos en suelos, estabilidad geotécnica, agua, aire, vegetación,
fauna, arqueológico y social.
La segunda advertencia fue
publicada por el ingeniero Manuel Alvarado del Instituto de Investigaciones
Hidráulicas y Ambientales de la Universidad del Norte quien lideró un estudio
en donde advierte que el diseño de esta vía permite concluir que si se hace
ésta se ponen en riesgo a los municipios ribereños del Atlántico e incluso
importantes territorios de Barranquilla repitiéndose los episodios de
inundaciones vividos en el año 2010, entre los peores de la historia. (AUDIO W Radio: http://bit.ly/1hsmhxo)
Ante estas advertencias la misma
Gobernación del Magdalena y los ingenieros del consorcio Ribera Este
reconocieron que de no hacerse la revisión a los diseños de esta vía y de
construirse bajo los diseños actuales estaría bajo la amenaza de desaparecer
por la fuerza del rio Magdalena.
Los diseños de esta polémica
obra datan del año 1997 y fueron realizados por la firma, Consultores del Desarrollo S.A. -Condesa-,
firma esta que hoy en día es socia del consorcio Ribera Este, consorcio al que
el gobernador le adjudico la obra.
La historia de esta vía se
remonta al contrato 024 de 1996 mediante el cual la Gobernación del Magdalena
contrató los servicios de la firma Consultores del Desarrollo S.A. -Condesa- para
la realización de los estudios y diseños definitivos para la ampliación y/o
rehabilitación y/o construcción de la Carretera Dique paralela al Río
Magdalena, en el sector Plato - Palermo. Trabajo que fue recibido en agosto de
1997 por el entonces Gobernador Jorge Caballero Caballero, condenado por
parapolítica. (El Tiempo:
http://bit.ly/1ivQ0rG)
Esta obra que hoy tienen
enredado al Gobernador del Magdalena en la Procuraduría y la Fiscalía General
de la Nación en una batalla liderada por la Ministra de Transporte no solo
comporta el riesgo de los recursos comprometidos por cuenta de una adjudicación
amañada sino que el otro dolor de cabeza se anticipa desde ya por cuenta de las
consideraciones ambientales.
Consideraciones que podrían
sumar otra “pesadilla” al Gobierno Nacional. Pues ya serían dos los proyectos
viales suspendidos por razones ambientales.
El primero de ellos con
serios costos para la nación y un retraso de casi cinco años para su entrega
como es el tramo de la primera fase de la Ruta del Sol comprendido entre Villeta
y Guaduas que por razones de tipo ambiental fue necesario su rediseño. (El Espectador: http://bit.ly/1kCCqDg)
El segundo ya se anuncia, y
sería la vía la Prosperidad del que no hay dudas sobre las evidencias que este
proyecto debe ser modificado y sin lugar a dudas no tendrá el mismo plazo y costo
por el cual fue “oscuramente” licitado y adjudicado. Vía que además anuncia ser
ambientalmente nociva.
Por cuenta de estos hechos el próximo 27 de
marzo se celebrará la audiencia de carácter disciplinario contra el Gobernador
del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeytch, y otros funcionarios ante la
Procuradora Primera Delegada para la Contratación Administrativa.
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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