Reconociendo
la gravedad en la afectación del sector costero de los municipios de Sitio
Nuevo, Pueblo Viejo y Ciénaga la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio
del Interior y de Justicia, mediante Resolución 001 de enero 18 de 2010, declaró
la situación de calamidad pública en la zona costera del Departamento del
Magdalena.
Basados
en esa consideración el Gobernador de turno, Omar Diazgranados Velásquez,
declaró mediante Decreto 063 del 6 de marzo de 2010 la Urgencia Manifiesta. Amparado
en las facultades que otorga esta declaratoria se suscribió y ejecutó el
contrato 107 del 29 de marzo de 2010 con el señor Edgardo Navarro Vives por un
valor de $ 22.815´056.950. Contrato con el que supuestamente se evitaría que la
vía entre Ciénaga y Barranquilla, en el kilómetro 19, y otros sectores no
quedaran como están hoy, así:
¿Si
en este sector se invirtieron $ 22 mil millones por qué está peor a como estaba
en el 2010? Porque de los $ 22 mil millones, según la Contraloría General de la
República, se erosionaron en presunta corrupción $ 7.134´169.837.
Con
el contrato suscrito se pactó la instalación de un conjunto de módulos que
servirían de estructura de protección costera para controlar los procesos que
afectaban la línea de la costa entre Bocas de Ceniza y Punta Betín.
Módulos
de concreto que se debían depositar en el lecho marino desde una barcaza
ubicándolos debidamente alineados y sujetados con apoyo de equipos de buzos. Particularidades
éstas que lógicamente se facturaron pero que nunca se cumplieron. Habida cuenta
que para la ubicación de los módulos se utilizó una grúa con la que desde la
orilla tiraron al mar los módulos de protección.
De
los mil metros lineales de muros de protección que debieron instalarse solo se
depositaron 820 metros. No obstante que se contrató para que los módulos se
ubicaran a una distancia de playa de 90 metros estos no alcanzaron los 40. Y
aunque la profundidad de ubicación de los módulos mínima contratada fue de 1,60
metros ésta nunca superó los 1,40. Aún así, por todo ello se cobró el total de
lo pactado.
A
pesar que con el contrato se pagó para que los módulos quedaran alineados
horizontalmente sobre el lecho marino nivelado con relleno hidráulico y cada
módulo anclado al módulo vecino con ganchos de acero de refuerzo de tres
cuartos nada de esto se cumplió. Por el contrario, los ganchos evidenciaron su
ausencia razón por la cual los módulos quedaron separados, desalineados y
muchos de ellos hoy se ven desplomados con respecto a la vertical. De suerte
que estas barreras artificiales no están actuando en conjunto frente al oleaje
sino de forma individual e inoperante para los propósitos contratados.
Y es
que este tipo de comportamiento no sólo se dio en las obras contratadas en el
kilómetro 19 de la vía Ciénaga a Barranquilla. No, también se evidenció en las
obras contratadas para los sectores de los kilómetros 53 – 55 y el sector de
Costa Verde.
Respecto
a las obras en el sector de los kilómetros 53 – 55 se puede señalar una perla.
Según los diseños definitivos, las cantidades de obras que técnicamente se
requerían para este sector tendrían un costo de $ 3.526´031.600. Sin embargo,
el contratista, el director de interventoría y el supervisor de la Gobernación
acordaron, mediante acta del 21 de enero de 2011, modificar las cantidades de obras
desconociendo las pactadas en los diseños definitivos, y contrataron unas nuevas
por valor de $ 4.131´532.480.
Con
el nuevo acuerdo se generó un incremento en los costos directos del proyecto de
$ 605'500.880 y de $ 756'876.100 los costos indirectos pactados en el contrato por
cuenta de unas mayores cantidades de obras a las establecidas en los diseños definitivos
del proyecto. Cantidades de obras que luego resultaron técnicamente innecesarias.
En
el sector de Costa Verde pasó una similar situación. Según los diseños
definitivos las cantidades de obras que técnicamente se requerían para el sector
de Costa Verde tendrían un costo de $ 2.487'249.120; sin embargo, el
contratista, el director de interventoría y el supervisor de la Gobernación
acordaron, mediante acta del 21 de enero de 2011, modificar las cantidades de obras
y pactaron unas nuevas por valor de $ 3.370'154.560. Con el nuevo acuerdo se
incrementaron los costos directos del proyecto en $ 882'905.440, obras que
igualmente resultaron técnicamente innecesarias según los diseños inicialmente
contratados.
Estas
y otras perlas quedaron consignadas en el Auto 373 del 8 de mayo de 2012 de la
Contraloría General de la República con la cual se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal contra el contratista, el interventor, dos ex
gobernadores y un funcionario de la Gobernación del Magdalena. (Ver AUTO: http://sdrv.ms/1aX4lWE)
Entre
obras innecesarias y servicios contratados no prestados terminaron embolatados
$ 7.134´169.837. Es decir, la tercera parte del presupuesto del contrato terminó
erosionado y el K19 peor a como estaba en el 2010.
DE ÑAPA: Desde ya convoco a los
Indignados del Magdalena para que nos sumemos al movimiento de los Indignados
de Petro y reclamemos el derecho a ejercer la corrupción y la desatención a las
reglas de la democracia.
Los Indignados del Magdalena tendremos el
próximo lunes 16 la cita en contra del Procurador cuando posiblemente éste
destituirá e inhabilitará al Mello Cotes por haber hecho lo mismo que Petro:
pasarse por la faja la ley.
ALEJANDRO ARIAS
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