La sanción que hoy se
anunció sin lugar a dudas es la noticia más importante en los últimos tiempo en
el marco de la protección ambiental y constituye un paso hacia el compromiso
del Gobierno Nacional en relación a su amparo y sostenibilidad.
No obstante, es necesario
que la Drummond Ltd, la ANLA, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otras autoridades den respuestas al Informe Técnico de Degradación
Ambiental de la Bahía de Santa Marta producido por la Contraloría General de la
República con el que concluyó que los Informes de Cumplimiento Ambiental sobre
calidad de aire por parte de esa empresa eran falsos.
Remito copia del artículo
publicado el 27 de enero de 2013 bajo el título Drummond, sus fechorías y otros pillos. Con el que ya no reclamamos
por una sanción sino por el Juicio Fiscal que ya en ruta la Contralora Sandra
Morelli de cara a lograr la compensación que los colombianos reclamamos por los
desafueros de la sancionada empresa carbonera Drummond Ltd..
DRUMMOND,
SUS FECHORÍAS Y OTROS PILLOS
Cuando los samarios
conocimos el contenido del oficio 2400-2-158326 fechado 19 de enero de 2012
suscrito por John William Marmol Moncayo, Director de Licencias Permisos y
Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial no supimos si reír, llorar o madrear a dicho funcionario.
El oficio antes mencionado fue
la respuesta a una queja, reiterada por más de 10 años, en la que un grupo de
ciudadanos ponían en conocimiento de dicha entidad los procesos de
contaminación que se evidenciaban en las playas adyacentes a los puertos de
Drummond y Prodeco.
En su respuesta precisó John
William que el transporte de carbón por tren era una maravilla y que como las
empresas tienen en operación “loops férreos” no había de qué preocuparnos; que
el cargue de barcazas no solo tenía establecida la humectación del carbón sino
que entre otras medidas las empresas tenían limitado el cargue de este mineral
a unas alturas máximas que ni el viento lo movía por lo que tampoco había
evidencia de emisión de partículas en el medio ambiente que afectara los
ecosistemas terrestres ni marinos; sostuvo además que cuando en lontananza creíamos
ver polvillo de carbón en realidad se trataba de las emisiones de los exostos
de los barcos y que en relación a los desechos y los vertimientos por parte de
las empresas de carbón a las zonas aledañas de los puertos y a los cuerpos de
agua ello era absolutamente falso de suerte que las fotos que se suministraron
realmente no probaban que ellas correspondieran a las empresas carboneras de
Santa Marta y Ciénaga. (Ver OFICIO
DLPTA 2400-2-158326 19ENE2011: http://sdrv.ms/190ygki)
En conclusión John William
dijo que el Ministerio de Ambiente “dispone en sus archivos de los registros,
estudios y monitoreos de calidad de aire y de agua, de fondos marino y
granulometría de playa que soportan las anteriores afirmaciones, de manera que
no tiene hasta el momento argumentos de tipo técnico, jurídico o ambiental que
indique que los puertos carboneros de Santa Marta y Ciénaga generen algún tipo
de impacto o afectación no identificado o no previsto y gestionado en el Plan
de Manejo Ambiental establecido a cada empresa”. Es decir, quienes denunciaron
y hemos denunciado somos viles mentirosos.
Pero de un solo golpe todo
cambió y la verdad salió a flote; gracias al juicioso empeño de la Contralora
General de la República, Sandra Morelli, y su equipo investigador. A quienes a
propósito con gusto aportamos todo el material de que disponíamos. Así consta
en el capítulo I del Informe Técnico Especial “Degradación Ecosistemas y Medio
Ambiente Bahía de Santa Marta y Zonas de Influencia” de diciembre de 2012. (Ver
CAPÍTULO I INFORME
ESPECIAL: http://sdrv.ms/18BTvuO)
Por ejemplo encontró la CGR
que el transporte del carbón no era tan seguro y verificó “que la banda
transportadora en Puerto Prodeco y P.Vale se encuentra descubierta en su
mayoría, estado por el cual se hace propicia la pérdida de material particulado
(MP) (. . .) Eventos que aumentan en forma directa las concentraciones de Micro
Partículas en las áreas cercanas a los puertos disminuyendo así la calidad del
aire”.
Pudo igualmente observar la
Contraloría, en lo que atañe al cargue de barcazas, “que durante estos
procedimientos se observan perdidas de material sobre las barcazas que caen
directamente al mar, dicho material es depositado en el fondo marino o en las
playas debido a las derivas, otro de los impactos es el hundimiento de las
barcazas” por lo que precisó en dicho informe que “la perdida de carbón durante
el cargue de barcaza a buque genera impactos negativos significativos sobre la
columna de agua y los fondos marinos afectando directamente la fauna y flora
presente y las dinámicas eco sistémicas”.
En cuanto a la calidad del
aire los funcionarios de la CGR documentaron perlas como que “durante la visita
se encontraron anomalías con relación a la ubicación de las estaciones de
monitoreo de calidad de aire ya que en Puerto Drummond se encontró que la
estación se encuentra inmersa en una matriz de bosque y cultivos de mango.
Adicional a esto se evidenció la falta de autonomía en el uso de los monitores
o estaciones, ya que tanto la estación propia del puerto y la estación de la
red de monitoreo de la corporación se encuentran ubicadas en el mismo punto y
operarios de los puertos tiene acceso a los equipos permitiendo una
manipulación de ellos”.
Ha sido tal la incuria en la
vigilancia de estas estaciones de monitoreo de la calidad del aire que la CGR
estableció que los datos proporcionados por la actual red de monitoreo no
reflejan la realidad de la calidad del aire y denotan una mala cuantificación
de la contaminación por efecto de la actividad de los puertos carboníferos
“generando así un falso reporte en los informes ICA presentado por los mismos”.
Y ni qué hablar de la
falacia sobre los procesos de cambio para el cargue directo de carbón. Resulta
que de acuerdo a las investigaciones realizadas fue imposible para la CGR
establecer cuáles fueron los conceptos técnicos que fueron tenidos en cuenta
para la exigencia del cambio en los puertos a cargue directo. El Ministerio de
Medio Ambiente se lavó las manos, el Ministerio de Minas y Energías expresó que
dicho concepto se genero en el Ministerio de Transporte. Y del Ministerio de
Transporte no se conoce respuesta alguna.
Resulta que no solo no se
supo qué dependencia del estado dio tal concepto técnico sino que tampoco se ha
podido establecer qué estudios técnicos relacionados sirvieron como línea base
para la adopción de tal decisión y que en su momento demostraran las
afectaciones al medio ambiente y a las comunidades locales y por ende
justificaran la expedición de dicha orden.
Tal preocupación por
supuesto no es gratuita, pues se tienen serios elementos de juicio que permiten
concluir que el cargue directo técnicamente puede resultar más perjudicial en
términos eco sistémicos por los daños que se causan al lecho marino con los
dragados. Tanto así que se cree que la decisión de cambio a cargue directo en
los puertos carboníferos fue tomada más como una oportunidad de ampliar la
capacidad de exportación de carbón, que como una estrategia de responsabilidad
ambiental.
Y pensar que John William
nos echó el carretazo que el Ministerio de Ambiente “ha venido efectuando de
manera regular e ininterrumpida visitas de seguimiento ambiental
(semestralmente) a la operación en campo tanto a las operaciones terrestres
como marinas de los puertos” carboneros de Santa Marta y Ciénaga.
ALEJANDRO ARIAS
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