El pasado 3 de julio de 2013 denunciamos que alrededor de
5 mil toneladas de nitrato de amonio de alta densidad estaban siendo
transportadas mensualmente en los trenes carboneros de la Drummond sin que se
diera cumplimiento a las exigencias técnicas vigentes de seguridad para el
transporte de material peligroso exponiendo no solo el medio ambiente sino la
vida de los pobladores a lo largo de los 226 kilómetros de recorrido de dicho tren. (Ver http://bit.ly/HnmBlp)
Hecho que confirmó y confesó cohonestaba la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en comunicación fechada 26 de junio de
2007 bajo supuestas consideraciones de legalidad y cero riesgos
ambientales. (Ver http://bit.ly/1eytF9E)
Actividad que la ANLA permitió desarrollara Drummond y la
empresa concesionaria Fenoco, de la cual aquella es la mayor accionista,
desatendiendo la legislación vigente (norma Icontec NTC 1692, Decreto 1609 de
2002 del Ministerio de Transporte, Guías Ambientales de Almacenamiento y
Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos
Peligrosos del Ministerio de Ambiente y artículo 16 del Decreto 334 de 2002).
Normas éstas que expresamente ordenan que este tipo de
sustancias sólo pueden ser transportadas por vía terrestre, aérea o fluvial
habida cuenta que el Nitrato de Amonio está definida como una sustancia
peligrosa y pertenece al grupo de sustancias que constituyen materia prima que,
sin ser individualmente explosivas, conforma sustancias explosivas.
La ANLA en una actitud cómplice con la Drummond
desconoció flagrantemente las precisiones ordenadas por las Guías Ambientales
de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas
y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente e hizo caso omiso a las
denuncias de funcionarios de Fenoco que daban noticia que esta empresa no
contaba con los recursos físicos ni logísticos ni entrenamientos específicos
para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Así mismo se denunció que
Fenoco, por ser concesionaria y autoridad ferroviaria nacional, tampoco lo
exigió a la Drummond empresa propietaria de los trenes que transportaban el
nitrato de amonio. Sustancia ésta de la que también era propietaria.
Que por cuenta de la negligencia de la ANLA ninguna
autoridad del Distrito de Santa Marta ni de los municipios por donde transita
el tren de Drummond había sido informada a efectos de implementar el manejo de
posibles emergencias con sustancias químicas, conforme lo ordena el marco
normativo.
Riesgo que quedó evidenciado en Santa Marta por cuenta
del accidente de un camión cargado con nitrato de amonio en la vía Ciénaga –
Aracataca y el incendio de nitrogen K (nitrato de amonio de baja densidad) de
propiedad de la firma Nutrición de Plantas S.A. emergencias que el Cuerpo de
Bomberos difícilmente pudo atender por no contar con el equipamento necesario
para superar este tipo de situaciones.
Nitrato de amonio que Drummond transportó por vía férrea
sin contar, ni ella ni la entidad importadora, con el correspondiente salvo
conducto de transporte por vía férrea por parte de las FFMM, salvo conducto que
tampoco podían expedir para tal fin. Omisión de la que debía estar informada la
misma ANLA y frente a la que pasó de agache.
Hoy, gracias a nuestras denuncias y a la intervención de
algunas autoridades y órganos de vigilancia y control distintos a la ANLA hemos
podido verificar que el nitrato de amonio de la Drummond, que se recibe a
través de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, en poco más de 6 mil toneladas
mensuales
ha dejado de ser transportado de forma clandestina e
ilegal por tren y nuevamente se está transportando por vía terrestre a través
de la empresa Transportes Sánchez Polo y Cía Limitada conforme ordena el marco
legal vigente.
Claro que este nitrato se mueve por las carreteras del
Magdalena y el Cesar sin la debida escolta militar o vigilancia privada
conforme ordena el Reglamento FF.MM. 4-27 Público cuyo cumplimiento debe
vigilar el Departamento del Control Interno de Armas, Municiones y Explosivos
de las Fuerzas Militares. Obligación que hace constar, esta entidad, en los
respectivos salvo conductos de transporte de sustancias químicas controladas
por su uso en explosivos.
Incumplimiento que pudimos comprobar en la vía que de
Ciénaga conduce a Bosconia conforme se evidencia en el siguiente video. (Ver
VIDEO: http://youtu.be/12hlnAiwrG0)
Esto demuestra dos cosas: que la denuncia y los medios sí
funcionan a la hora de proteger los intereses ciudadanos y que
indiscutiblemente la ANLA ha sido cómplice de la Drummond en la burla e
incumplimiento de las normas colombianas.
DE
ÑAPA:
Recomendadísimo. Especial de La Silla Vacía en los que se documentan los
enlaces de Drummond Ltd con las organizaciones paramilitares, los despojos de
tierras, asesinatos de sindicalistas y la contaminación.
EL
LEGADO DE LA DRUMMOND Por: Andrés Bermúdez Liévano, Sáb,
2013-11-30 22:45 http://lasillavacia.com/historia/el-legado-de-la-drummond-46203
EL
TIEMPO ME VUELVE A CONCEDER LA RAZÓN
Gobernar la ciudad y
pretender hacerle frente a la crisis de inseguridad haciéndole creer a los
asociados que el problema se reduce a un parrillero o la falta de policías es
no solo un grave error sino un acto de evidente incapacidad.
En nuestros días ya es
sabido que entre los más recurrentes factores que dan origen a la violencia
ciudadana se cuentan 1.) la Urbanización y crecimiento urbano no planificados;
2.) el hacinamiento en hogares de bajos ingresos; 3.) la Falta de sentido de
identidad y pertenencia de la juventud; 4.) la pérdida de valores cívicos y
morales; 5.) la falta de oportunidades para niños y jóvenes; 6.) los niños y
jóvenes desertores o excluidos del sistema escolar; 7.) la falta de fuentes de
empleo; 8.) la falta de espacios de integración, recreación y deporte; 9.) las
víctimas de violencia o abuso infantil y 10.) las familias fragmentadas y
disfuncionales, entre otros.
Que la seguridad ciudadana
incluye la seguridad jurídica, la seguridad social, la defensa del principio de
legalidad, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, el
respeto a los derecho civiles y políticos y el derecho a tener condiciones
económicas y sociales que permitan el desarrollo de todas las potencialidades.
Por lo que se da por
entendido entonces que la seguridad de los ciudadanos no pende únicamente del
número de efectivos, armamento y factores propios de la represión sino que ésta
comporta para su logro un importante componente de política social. La misma que
en Santa Marta ha estado ausente a lo largos de los últimos 30 años y que en
esta administración ha recibido total patente.
En la ciudad a la fecha 6
familias más que en octubre de este año enterraron un familiar víctima del
crimen en nuestras calles no obstante que a los motociclistas y su acompañante
les arrebataron el derecho a la presunción de inocencia.
ALEJANDRO ARIAS
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Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
