Este 5 de noviembre fecha en
la que debiéramos celebrar los magdalenenses y los samarios unidos con una de
las más nobles instituciones de nuestro país se puede afirmar que, por la
ausencia de liderazgo territorial y la connivencia de los actuales líderes con
el crimen organizado, nuestra sociedad experimenta el mayor
divorcio y desapego hacia la Policía Nacional.
Arturo Herrera Verdugo, Director
General (R) de la Policía de Investigaciones de Chile, en su libro “Deontología
policial: Reflexiones y retos para las policías de la región americana” precisó
que las conductas de los policías no pueden reducirse solamente a cumplir las
exigencias legales sino ésta debía siempre aspirar a la legitimidad social.
La academia enseña que la
principal fuente de legitimación de los cambios en la cultura policial es
indudablemente la propia sociedad. Es por ello que para las instituciones
policiales ya no es suficiente ofrecer un servicio. Éste debe ser además
eficiente y de calidad, cercano y capaz de responder a las demandas de la
comunidad, ofreciendo para ello respuestas concretas a sus problemas.
Por su parte el General (r)
Delgado Mallarino en su conferencia los “Comentarios sobre Seguridad Ciudadana”
estableció los alcances del compromiso de la Policía Nacional frente a los
retos de la seguridad ciudadana, mayor problema que aqueja a nuestra sociedad, para
lo que anotó que por las circunstancias que vivimos, existe la tendencia a
reducir la categoría de seguridad ciudadana a su dimensión de integridad
física.
Agregando que “más allá de
una dimensión limitada a la ´integridad física´, la seguridad ciudadana incluye
la seguridad jurídica, la seguridad social, la defensa del principio de
legalidad, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, el
respeto a los derecho civiles y políticos y el derecho a tener condiciones
económicas y sociales que permitan el desarrollo de todas las potencialidades.
En síntesis, la seguridad debe entenderse en su más amplio sentido y no
restringirla al simple aspecto físico”.
Entendido entonces que la
seguridad de los ciudadanos no pende únicamente del número de efectivos,
armamento y factores propios de la represión sino que comporta un importante
componente de política social; el Gobierno Nacional introdujo en su plan de
consolidación para enfrentar el posconflicto la figura de la Doctrina de Acción
Integral - DAI.
Con la DAI se dispone que la
Fuerza Pública trabaje estrechamente con el Centro de Coordinación de Acción
Integral (CCAI), y en ausencia de éste con las autoridades locales, y las
agencias del Estado que se encuentren en la zona, coordinando labores de
carácter social que satisfagan las necesidades más urgentes de la población.
Pero en este componente los
únicos ausentes han sido los entes territoriales Departamentales y Distritales quienes
a fuerza de corrupción, ignorancia y desdén han evadido sus responsabilidades,
en su condición de jefes de Policía, de cara a la proposición e implementación
de las políticas sociales necesarias tendientes a la reducción del crimen; y en
cambio, literalmente han desmantelado logística y casi moralmente a nuestra Policía
que apenas si pasa a ser una excusa mediática para un Gobernador y un Alcalde
Distrital que exigen resultados cuando el crimen golpea y salen a tomarse la foto
con la Policía cuando ésta golpea al crimen en una verdadera actitud parásita.
Para nadie es un secreto que frente
al reto de las nuevas formas del delito, especialmente las del posconflicto, éste solo puede ser combatido mediante la promoción de políticas integrales y
no continuar reaccionando solamente por la vía de los sistemas de justicia
penal.
Tampoco es desconocido que
entre los más recurrentes factores que dan origen a la violencia ciudadana se cuentan
1.) la Urbanización y crecimiento urbano no planificados; 2.) el Hacinamiento
en hogares de bajos ingresos; 3.) la Falta de sentido de identidad y
pertenencia de la juventud; 4.) la Pérdida de valores cívicos y morales; 5.) la
Falta de oportunidades para niños y jóvenes; 6.) los Niños y jóvenes desertores
o excluidos del sistema escolar; 7.) la Falta de fuentes de empleo; 8.) la Falta
de espacios de integración, recreación y deporte; 9.) las Víctimas de violencia
o abuso infantil y 10.) las Familias fragmentadas y disfuncionales, entre
otros.
Factores frente a los que en
estos 23 meses de administración departamental y distrital no hay una sola
propuesta de superación de cara a reducir los graves indicadores de violencia
ciudadana que padecemos.
No en vano el Presidente
Santos hizo el llamado a los Alcaldes y Gobernadores para que le den al tema de
la seguridad la prioridad del caso y les recordó que el tema de la seguridad es
una prioridad del Gobierno Nacional pero también es una responsabilidad de las
autoridades locales y regionales. (Ver http://bit.ly/yXwOMj)
En estos 23 meses se nos
hizo costumbre ver en los medios de comunicación a los más peligrosos
delincuentes de la región contar sus compadrazgo y complicidad en el crimen
tanto con el actual Alcalde de Santa Marta como con la familia del actual Gobernador
del Magdalena.
El mismo crimen que ilusos
creemos combatirán mientras que por otro lado estos mismos personajes desatienden
las necesidades y el logro de los objetivos de nuestra Policía Nacional, a esa
que después de 122 años pasmados vemos como la dejamos sola.
DE
ÑAPA: Si se perdió las declaraciones que Alias
Gonzálo le concedió a la periodista María del Rosario Arrázola presentadas en el
segundo capítulo de Los Informantes del Canal Caracol Tv véalo aquí: DECLARACIONES DE ALIAS GONZÁLO O EL MÉDICO
ALEJANDRO ARIAS
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