Primero fue el exministro de
Vivienda, Luis Felipe Henao, quien interpuso hace un año una denuncia ante la
Superintendencia de Servicios Públicos contra la empresa Electricaribe por
hacer cobros no permitidos a beneficiarios de programas de vivienda gratis del
Gobierno.
El entonces Ministro Henao enfatizó
que Electricaribe estaba haciendo un cobro "de lo no debido por
instalaciones que fueron hechas por cada uno de los constructores de los
programas de gratuidad" en algunas ciudades de la Costa Caribe.
Luego fue el Contralor
General de la República, Edgardo Maya Villazón. Quien hizo públicos, hará dos
semanas, los hallazgos fiscales por $65.732 millones que encontró la
Contraloría General de la República al evidenciar que Electricaribe incumplió
con la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para adelantar
proyectos de normalización de redes eléctricas en la Costa Caribe, que debían
beneficiar a 63.783 usuarios.
Así lo indican los resultados
de una auditoría realizada durante el
primer semestre de 2016 al Ministerio de Minas y Energía en los que se evaluaron,
en particular los recursos PRONE, asignados a través de 3 contratos suscritos
con Electricaribe: GSC 157-2012, por $86.072 millones; GSA-106-2011, por
$46.076 millones; y GSC-226-2012, por $21.489 millones.
La Contraloría consideró que
hubo fallas por parte del Ministerio de Minas y Energía en la supervisión de la
ejecución de estos contratos, teniendo en cuenta que los recursos destinados y
pagados para la normalización de usuarios no cumplieron con el fin definido por
el Programa de Normalización.
Y el último en pronunciarse
fue el Director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, quien
advirtió que es inminente un apagón en la región Caribe del país como
consecuencia de la crisis financiera de Electricaribe, empresa que estaría al
borde de la quiebra a causa de una deuda por 2 billones de pesos.
Precisó en sus declaraciones
Acosta que “lo peor está por venir y si no nos avispamos los siete
departamentos de la región Caribe están ante el riesgo inminente de un apagón
general. Y no es para menos, la deuda de Electricaribe con los bancos se
aproxima a los $2 billones y el vencimiento de la misma se concentra, en más de
un 70%, en los años 2016 y 2017. Y, según ha trascendido, Electricaribe puede
estar en agosto ante la imposibilidad de servir su deuda y ante el impago de la
misma no va a poder seguir jineteando con la banca, esta podría bloquear los
créditos a la empresa y esta a su vez se quedaría sin con qué pagar la factura
de la energía que compra. Si llega a materializarse este evento, inmediatamente
XM, que es el operador del Sistema, procedería a ordenar la limitación de
suministro y los generadores, que son sus acreedores podrían hacer efectivas
las garantías.”
La
normalización del servicio en barrios subnormales
Para los años 2001 y 2002
surgieron los primeros brotes violentos de las comunidades de los barrios
subnormales derivados de las suspensiones periódicas del servicio de suministro
de energía eléctrica, para ello fundamentó la empresa ELECTRICARIBE S.A. ESP.
que estaba siendo objeto de un hurto continuado de fluido eléctrico por parte
de estos pobladores. Los cierres de vías y la quema de llantas se convirtieron
en el pan diario de muchos barrios de la Costa Caribe.
Para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio tendiente a la normalización del
mismo el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3735 de 2003, con el cual se
determinaban pautas muy precisas tendientes a que la población vulnerable
accediera a un servicio legalizado y en condiciones de calidad y continuidad.
Para ello se resolvió crear
figuras como barrios subnormales y zonas de difícil gestión comercial,
entendidas las primeras como los asentamientos humanos construidos sin el
reconocimiento municipal o legalizados y las segundas como aquellas en la que
se presentaban mora en el pago de más del 50% y/o pérdidas no técnicas
superiores al 40%.
Bajo el ordenamiento del
citado decreto se planteaba una fórmula de solución integrada tendiente a la
normalización o legalización del servicio a estas comunidades. Al amparo del
anterior entendido quedaba claro que el fin principal del programa de
normalización era que al mediano plazo (máximo 2 años) los usuarios de estos
barrios, sujetos al programa (Energía Social para el Magdalena) deberían contar
con sistemas de conducción, conexión y medida legalizados y de acuerdo con los
protocolos del servicio. Para que el programa se activara en primer lugar era
necesario el diseño de un proyecto técnico que permitiera establecer costos y
plazos necesarios para invertir en la estructuración de un servicio con calidad
y continuidad; este proyecto debería ser impulsado por el Alcalde local bajo la
asistencia técnica del operador de red (Electricaribe S.A. ESP.); con
fundamento de tales proyectos cada barrio o sector subnormal debía celebrar un
contrato de suscripción comunitaria con la participación de la empresa
prestadora y el municipio. Con fundamento en estos dos elementos, tanto el
proyecto como el contrato debería ser remitido por el Alcalde local al
Ministerio de Minas y Energía y de esa forma acceder a los subsidios que el
estado aportaría para la consecución de recursos que sumados a los aportados por
el municipio más los recaudos de los usuarios se materializara el sueño de
energía en condiciones dignas.
Duración
del programa de normalización
El plazo que se acuerde
entre las partes para la normalización de las Redes de Uso General asociadas
con el Circuito Subnormal, no podrá superar dos (2) años; en todo caso, dicho
plazo deberá establecerse teniendo en cuenta la valoración del riesgo asociado
con el estado real del Circuito Subnormal respectivo, que realice el Operador
de Red. Vencido el plazo pactado, el Operador de Red podrá desconectar el
Circuito Subnormal o permitir que siga conectado bajo su exclusiva
responsabilidad.
¿Por
qué mirar hacia los entes territoriales?
Amparada en esta puerta
abierta por el Gobierno Nacional los usuarios de los barrios subnormales
terminaron siendo favorecidos con la prestación del suministro de energía
eléctrica bajo la modalidad de Suscriptores Comunitarios. Suministro que se
desarrollaría por un término establecido mientras se adelantaban los trabajos
de normalización de tales asentamientos con la esperanza que cada vivienda
beneficiada en el futuro tuviera un tratamiento regular conforme a los términos
de la ley 142 de 1993.
Pero esto no sucedió. La
mayoría de los alcaldes de la costa se desentendieron de este proceso y lo
dejaron en manos de la empresa Electricaribe, que en su afán de reducir las
pérdidas no técnicas terminó conectando al servicio a todos los barrios
subnormales que en los últimos 13 años se han venido creando producto de la
invasión, el loteo o la colonización de zonas de alto riesgo.
En el Magdalena las cifras
resultan ser alarmantes. De los 290 mil usuarios que registra Electricaribe los
usuarios subnormales alcanzan a ser 66 mil a cifras de enero de 2016. Y los
correspondientes a los estratos 1, 2 y 3 que en su mayoría también fueron
frutos de procesos de invasión alcanzan a ser 188 mil.
Lo grave es la situación de
aquellos asentamientos que están ubicados en zonas de alto riesgo o que fueron
resultado de invasión de predios. De acuerdo con el concepto de la Superservicios
125 de 2007 las empresas de servicios públicos no están obligadas a dotar de
tales servicios en predios invadidos.
Precisa el concepto de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que “debe recordase que si
bien el artículo 134 de la Ley 142 de 1994 dispone que puede acceder a los
servicios públicos cualquier persona que
habite o utilice de manera permanente un inmueble a cualquier título, este
título debe tener la condición de ser ´justo título´; es decir, obtenido
conforme a las normas legales vigentes
(Código Civil, artículos 764 y s.s ).
De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 812 de 2003, las entidades
prestadoras de servicios públicos deben abstenerse de suministrar servicios a
invasiones o lotes ilegales. Lo anterior
significa que deberá legalizarse tal situación para que los prestadores puedan
suministrar los servicios. Verdad que aún no se le ha dicho a los usuarios
habitantes de estos sectores.”
La crisis energética que hoy
se denuncia, más allá de los problemas que tienen en el ojo del huracán a
Electricaribe, obligan a los entes territoriales al control en la
multiplicación de tales asentamientos por fuera de la planeación y los POT
territoriales.
De nada serviría la
implementación y puesta en funcionamiento de circuitos eléctricos cuando al
poco tiempo las capacidades de transmisión y distribución queda superada
rápidamente por una demanda subnormal que crece sin que las alcaldías asuman el
rol legal pertinente para detenerla. Con el agravante que por cuenta de estas conexiones
se desarrolla una legalización vedada de esta actividad ilegal.
La radiografía que hoy presenta el Magdalena es
sin duda la misma en la totalidad de los Departamentos de la Costa Caribe.
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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