La desprestigiada vía de la
Prosperidad volvió a ser noticia. Noticia con dos caras.
Por un lado la que la
Gobernación del Magdalena ha pretendido vender a través de los medios locales y
con cuyos comunicados nos dicen todo va viento en popa.
Por la otra el reciente
informe revelado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP advierte que
luego de haber realizado un seguimiento a las obras financiadas por el Sistema
General de Regalías halló 144 proyectos en estado crítico de cumplimiento por
valor de $1,2 billones. Alertas originadas por retrasos en la ejecución,
información inconsistente o incompleta, denuncias ciudadanas y informes de
organismos de control.
De esos 144 proyectos el Departamento del Magdalena
registra nueve proyectos en estado crítico ocupando el quinto lugar dentro de
los Departamentos que más proyectos tienen amenazas de no ser concluidos.
Uno de esos nueve
proyectos en estado crítico es el de la vía la Prosperidad que representa el 38%
del monto de los recursos de los proyectos críticos.
Las consideraciones para tener
a la vía de la Prosperidad en riesgo crítico no son de poca monta.
El informe del DNP destaca
dentro de las falencias en la formulación y estructuración que el proyecto no
contempló el puente que conecta con la vía Santa Marta-Barranquilla con la Vía
a la Prosperidad limitando significativamente su funcionalidad; que a la fecha
no se ha definido el trazado necesario para algunos tramos de vía, lo que
genera la necesidad de adquirir nuevas licencias y posibles sobrecostos y
retrasos; costos de transporte del material de construcción no previstos, lo
que incrementan el valor del proyecto; que de acuerdo a lo anterior, la
interventoría informa que con los recursos actuales del proyecto sólo se
lograría intervenir 28 KM de los 52.6 KM previstos.
Por otra parte precisa que las
obras de drenaje no contemplaron las consideraciones de los estudios
hidráulicos iniciales que sirvieron de soporte del Conpes 3742 (construcción de
una vía dique) y a la fecha se encuentra en curso una acción de controversias
que pretende que se declare la nulidad del proceso de adjudicación de la
Licitación.
Situación que se ha procurado
mantener oculto y para el que la Gobernadora y su Gerente de Proyectos no han
querido dar respuestas.
Lo cierto es que al investigarse el desarrollo
de este contrato se tiene que el 17 de diciembre de 2015 el exgobernador Luis
Miguel Cotes suscribió el contrato modificatorio N.° 3 al contrato N.° 617 de
2013 con el cual se modificó la estructura de descuento del anticipo habida
cuenta que “dadas las condiciones de la vía en el trazado actual entre
Sitinuevo y Guaimaro y los altos niveles de erosión e inestabilidad del
terreno, el estudio hidráulico y de hidrología, en sus conclusiones, han
recomendado no intervenir la vía por el trazado actual, por lo cual se ha
evidenciado la necesidad de plantear otras opciones, incluyendo la posibilidad
de utilizar una carretera paralela y más alejada de la ribera del río, con
mayor seguridad, desde el punto de vista técnico y ambiental para la obra”.
Circunstancia por la que se
consideró que “los trámites previos de licenciamiento para los tramos
Sitionuevo - Guaimaro y las variantes, afectan la programación de ejecución inicial
y en consecuencia la facturación”, conforme se consignó en la justificación del
contrato modificatorio.
Tema ambiental que desde antes
de la adjudicación de ese contrato se había advertido así como las dificultades
para el licenciamiento por su íntima relación con las áreas protegidas Ramsar
de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el santuario de Fauna y Flora. Así quedó plasmado en la matriz de afectación
ambiental que forma parte integrante de dicho contrato.
Así las cosas para la única
dirección hacia la que conduce la vía de la Prosperidad, hasta ahora, es a la
inconclusa.
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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