Es muy posible que los nombres de Héctor Vargas Torres,
Martha Hernández Turriago, Gentil Cruz y Julio Hernández no le sean familiares.
Pero para quienes hemos estado cerca en la lucha por la defensa del Parque
Tayrona sabemos que Vargas Torres y Hernández Turriago fueron los dos
directores del Parque asesinados en 1994 y 2004, respectivamente, por tratar de
poner orden y conservarlo.
Que Cruz, Defensor de los Koguis, y Hernández,
ambientalista, fueron asesinados por denunciar las tragedias que sucedían en el
parque cuando los paramilitares lo convertían en un corredor del narcotráfico.
Hoy el Parque Tayrona no sólo está amenazado por el narco
y el microtráfico, el loteo y la invasión indiscriminada de sus territorios, el
guaqueo y la extracción de los cementerios ancestrales indígenas sino por el
que pudiera afirmarse es la mayor amenaza que afecta la estabilidad del Parque
Tayrona: la para-hotelería.
Sí, la oferta no tan subrepticia y sí sin control de
servicios turísticos y de hospedaje dentro de los territorios y en las más
emblemáticas playas y ensenadas del
Parque.
Edificaciones que ilícitamente se han levantado para
sumarse a la oferta informal hotelera de Santa Marta; que funcionan, en muchos
casos, como verdaderos hoteles cinco estrellas dotados de todos los servicios
en medio de esta reserva ambiental de frágil sostenibilidad.
Pozas sépticas, plantas eléctricas, personal de servicio,
depredación de bosques y pesca indiscriminada forman parte del paquete de daños
que sufre el parque sin que necesariamente se trate de daños provenientes de
mochileros, como algunos quieren hacernos creer. Sin contar la trata de
personas con fines de prostitución y la venta de drogas dentro de los paquetes
que se ofertan.
Es hora que la Dirección Nacional de Parques Naturales,
el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía y la Policía Ambiental actúen e
intervenga esta actividad supremamente rentable para estos seudo-propietarios que
cobran sumas entre los trescientos y los quinientos mil pesos por persona noche
a costa de la destrucción de esta maravilla natural. Entre otras porque la Corte
Constitucional ya les dio herramientas para actuar conforme quedó consignado en
la sentencia de tutela T-282 de 2012, particularmente para aquello de las pozas
sépticas (Ver SENTENCIA:
http://sdrv.ms/18JPaoV)
Ojalá la Contralora General de la República,
preocupada por la degradación ambiental en Santa Marta, adelante las
investigaciones pertinentes a efectos de avocar los juicios fiscales que
permitan poner a pagar a estos “prestantes depredadores” por los daños
ambientales causados al Parque y la explotación ilegal de dichos territorios
mediante la para-hotelería la última desgracia conocida dentro del Parque
Tayrona, la que faltaba.
Acá les dejo algunas muestras:
Ya que el asesinato
de Héctor Vargas Torres, Martha Hernández Turriago, Gentil Cruz y Julio
Hernández se mantiene en la total impunidad por lo menos que sus muertes no sean
en vano.
ALEJANDRO ARIAS
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