Ya sabemos que la
piscina olímpica de Santa Marta no alcanza a ser ni siquiera charco para sapos
y que en ella, presuntamente, se
invirtieron ingentes fortunas; después de todos los señalamientos que se han
hecho, pareciera a nadie le interesara decir la verdad de cómo se llegó a semejante despilfarro de plata; hoy les cuento cómo es esta historia:
Mediante Resolución
N.° 982 del 8 de noviembre de 2007 fue adjudicado por vía de contratación
directa el contrato N.° CD – DM – 042 – 07
a la Unión Temporal Vala Ingeniería por un valor de $ 259.702.808. Con
fundamento en tal Resolución fue suscrito el contrato N.° 363 del 9 de noviembre de 2007 el cual fue
suscrito entre la Gobernación y Sara Inés Lozano Pérez en representación de la
Unión Temporal antes enunciada. El objeto del contrato fue "la ejecución por pate del contratista de las obras civiles para la
Adecuación y Reparación de la Piscina Olímpica José Benito Vives de Andreis". Este
contrato habría de tener una duración de 30 días.
El acta de inicio de
dichas obras fue suscrito el 30 de noviembre de 2007 entre la representante de
la Unión temporal y el interventor de la obra, Evaldo Mejía Villalobos. La obra
inició con la demolición del enchape existente, muros y pisos en concreto,
instalación del acero de refuerzo para el fondo, anclaje y demás menesteres
comprendidos en el ítem preliminar.
Pero la obra fue suspendida
bajo el supuesto de unas dimensiones solicitadas por la Federación Nacional de
Natación mediante acta de suspensión provisional de fecha 14 de diciembre de
2007. Para, presuntamente, satisfacer tales exigencias se firmó contrato
adicional por valor adicional de $ 80.509.402 con el cual se pagaba una obra
adicional consistente en demolición de muro estructural con taladro neumático
para un muro de 70 centímetros de espesor reforzado.
Tanto las platicas
del contrato como del contrato adicional se pagaron; no obstante que la obra
estaba paralizada y de las evidencias encontradas quedaba claro que bajo la
presunción que las obras hubieren sido realizadas, lo cierto fue que estas
presentaban un evidente deterioro. La paralización de las obras las certificó
Horacio de Jesús Escobar Luque funcionario de la Contraloría Departamental.
Se ha llagado a
precisar que "del acervo probatorio de la
investigación que llevó a cabo la Unidad de Control Fiscal de la Contraloría
General del Departamento del Magdalena y del informe mismo, se colige como
conclusión un proceso contractual tramitado con deficiencias respecto de la
elaboración de los estudios previos necesarios por la naturaleza del contrato e
imprescindible para el cumplimiento del objeto de éste. Razón que conllevó al
estancamiento de la obra. Además de ello las obras ejecutadas parcialmente se
encuentran en avanzado estado de deterioro, por ejemplo el envarillado por
mencionar alguna, a tal punto que por su alto grado de oxidación se considera
utópico la utilización para el futuro. Estimándose irrecuperable el dinero
invertido y generándose con ello y con todo lo anterior daño patrimonial al
Estado y un perjuicio a la comunidad magdalenense. Lo anterior queda
evidenciado en el registro fotográfico inmerso en los discos compactos remitidos
en el informe de oficina de control fiscal". Según consta en el Auto de
Imputación de Responsabilidad Fiscal Expediente N.° 311 de fecha 10 de
septiembre de 2010.
Hasta aquí todo
pareciera estar dentro de lo ya sabido, lo mejor del caso es que al revisar el
auto adjunto, con el cual se precisan los nombres de los responsables de este
presunto acto de corrupción, con evidentes indicios de implicaciones de
responsabilidad fiscal, queda claro quiénes son los responsables.
De acuerdo con la
Contraloría General del Departamento del Magdalena se tiene que son presuntos
responsables fiscales, por detrimento patrimonial, los siguientes señores:
PEDRO PABLO PABON MIRANDA, cédula N.° 19.316.931 quien firmó el contrato
adicional en calidad de Gobernador encargado; SARA INES LOZANO PEREZ, cédula
N.° 39.048.455 representante de la empresa contratista UNION TEMPORAL VALA
INGENIERÍA; FABIAN SAUMETH PACHECO, cédula N.° 12.596.527 en su condición de
Secretario de Desarrollo de Infraestructura del Departamento del Magdalena;
EVALDO MEJIA VILLALOBOS, cédula N.° 85.459.477 en su condición de Interventor
designado por el Secretario de Desarrollo de Infraestructura del Departamento
del Magdalena.
Pero la anterior
lista está encabezada, según el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal
Expediente N.° 311 fechado 10 de septiembre de 2010, por el señor Ex Gobernador
Encargado FRANCISCO INFANTE VERGARA, quien firmó el contrato directo "para la Adecuación y Reparación de la
Piscina Olímpica José Benito Vives de Andréis" adjudicado a la Unión Temporal Vala
Ingenieros.
Si!, el mismo personaje que fuera orgullosamente
condecorado por el Alcalde Juan Pablo Diazgranados con la Cruz de Bastidas,
como pro hombre de la ciudad.
ALEJANDRO ARIAS
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