La Sociedad Portuaria de
Santa Marta -SPSM- es considerada la punta de lanza del desarrollo
agroindustrial y comercial del norte del Magdalena. La suerte de esta empresa
determina de forma significativa los indicadores económicos y sociales de la
región razón por la cual, todo cuanto suceda alrededor de esta empresa resulta
ser de vital interés.
La denuncia penal radicada
por la sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda -Carbosan Ltda.-, de la
cual la Sociedad Portuaria es socia con la mayor participación social, en
contra del ex representante legal de ambas compañías, Mauricio Suárez Ramírez,
y en la que se salpica a otros altos ex funcionarios como Raúl Maestre, vicepresidente
de Seguridad de SPSM y Director de Seguridad de Carbosan, y Jimmy Bolaño Tarrá, Auditor General de Carbosan
destapa el que pasaría a ser el preámbulo del mayor escándalo de corrupción
privada en el sector.
El representante legal de
Carbosan Ltda., Domingo Segundo Chinea Barrera, debidamente habilitado por la
Junta Directiva y a través de abogado radicó denuncia penal en contra de Mauricio
Suárez apoyado en los resultados de una auditoría realizada por considerar que existió
un verdadero interés y móvil ilícito por parte de éste para favorecer a Javier
Prada Sánchez a través de sociedades de propiedad de éste último Opl Carga SAS,
Opl Logística SAS y C.I. Pradaz Limitada asociadas al contrato del servicio de
cargue y transporte terrestre de carbón en el proyecto con CNR.
Contrato del proyecto de CNR
y otro relacionado con la firma Operlog, también filial de SPSM, por las que
las sociedades Opl Cargo y Opl Logística recibieron en total una suma de cinco
mil millones de pesos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2015 y el 30 de diciembre de 2016.
De acuerdo con los
resultados de la auditoría este contrato presentó graves inconsistencias que se
detectaron desde el proceso mismo de licitación el cual según las evidencias
demostrarían hubo un marcado interés por parte del ex gerente Suárez Ramírez en
direccionar y contratar las empresas de su amigo y socio Enrique Prada haciendo
maniobras no autorizadas por la Junta Directiva y pagos por un monto aproximado
de $1.360 millones antes de que se cumplieran a cabalidad los procesos de
licitación y en consecuencia suscripción del contrato respectivo.
Dentro de las inconsistencias
se reseñan: que las invitaciones privadas se cursaron el 29 de enero de 2015, que
la apertura de la urna con las propuestas se hizo el 3 de febrero, que el
contrato se suscribió el día 13 de abril de 2015, pero éste ya se estaba ejecutando
desde el 1 de febrero. Tanto así que la primera factura que emitió Carbosan a
CNR por concepto de este proyecto data del 17 de febrero de 2015 por una
cuantía no despreciable de $868 millones, que TSP emitió la primera factura a Carbosan
el 28 de febrero de 2015 por valor de $ 371 millones y que la sociedad Opl Logística
(distinta a Opl Carga que suscribió finalmente el contrato) emitió la factura el
31 de marzo de 2015 por valor de $114 millones.
Varios correos electrónicos
sustentaron las hipótesis de la firma auditora respecto del presunto
favorecimiento personal de Mauricio Suárez a Javier Prada en detrimento de las
empresas que representaba y la estrecha relación que éstos sostenían.
Uno de estos correos es del
2 de enero de 2015 con el que Mauricio Suárez, encontrándose en vacaciones, le
indica a Diana Lozano, Directiva Jurídica Corporativa de Carbosan Ltda. que
será él quien maneje directamente lo relacionado con el negocio con CNR: “(…) esto
debe esperar a mi llegada para negociar con el transporte y con la operación de
patio (…) esto lo manejaré directamente desde la gerencia (…)”.
El informe de auditoría, que
sirve de soporte para la denuncia, con relación a este manejo concluye que el especial
direccionamiento del proceso de selección de subcontratistas resulta facilitado
cuando el mismo Mauricio Suárez emite instrucciones expresas para que sea Raúl Maestre,
vicepresidente de Seguridad de SPSM y director de Seguridad de Carbosan quien
se encargue de afinar este proceso de selección de forma tal que se “ayudara” y
“favoreciera” a Javier Prada Sánchez y sus sociedades.
Se precisa al respecto en la
denuncia: “engranada debidamente así la estructura interna de esta componenda orquestada
desde la Gerencia de Carbosan en este proceso de selección y contratación,
resultaba muy significativa la participación del señor Raúl Maestre Alto
Directivo de Carbosan como se dijo, y quien según los correos anteriores se
constituía como vocero o interlocutor de la posición e intereses de las
empresas Opl Carga y Opl Logística, pese a su desconocimiento del tema
operativo, cuando de la auditoría especial se pudo comprobar que este ejecutivo
tenía intereses en contratos de vigilancia celebrados entre la empresa familiar
de su propiedad Vivac (Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Vivac
Limitada representada por su esposa Nancy Stella Navarro), y la sociedad OPL Carga
de propiedad de Javier Prada Sánchez, esta última quien suscribió el contrato
para el proyecto CNR”.
El otro hallazgo denunciado
está relacionado con pagos asociados al proyecto CNR por suma aproximada a $680
millones por concepto de facturación por “sensores de peso” que no fueron
aprobados por la Junta Directiva de Carbosan.
Apoyado en los informes de
auditoría, Carbosan denunció el favorecimiento personal de
Suárez Ramírez de las operaciones realizadas a través de las sociedades C.I. Pradaz
Limitada y Comfort Life Designing Spaces Limitada mediante la facturación de servicios
inexistentes por valor de $480 millones que mediante una operación financiera
al interior de la SPSM sirvieron para amortizar el pago de un crédito personal que
ésta le otorgó en el 2013 por monto de $800 millones.
“En efecto, el modus
operandi descubierto por KROLL consistía en que desde SPSM se impartía la
instrucción a la sociedad C.I. Pradaz Limitada de facturar unos servicios
inexistentes de transporte, para que, luego de proceder a radicar las facturas
en las oficinas de la SPSM, se realizaría un proceso interno de validación y
revisión para aprobar su pago, previas los cálculos de retenciones fiscales de
ley. Una vez aprobado su pago, se emitían los cheques correspondientes girados
a la sociedad C.I. Pradaz Limitada con la restricción de ser pagados a la orden
de ésta como primer beneficiario. Pero en realidad, según indicó el informe de
KROLL, el comprobante de egreso nunca fue firmado por la sociedad beneficiaria
(aparece sin firma), sino que internamente se producían dos trámites igualmente
fraudulentos: a) De una parte, los cheques girados restrictivamente en
noviembre de 2015 y mayo de 2016 a C.I. Pradaz Ltda., nunca fueron entregados a
su “ilegítimo” beneficiario, sino que se consignaban en las cuentas de
propiedad de SPSM en el Bancolombia. b) Y una vez ingresaban estos valores a
las cuentas de SPSM, tales recursos eran destinados a ser abonados a un crédito
que la Junta Directiva le otorgó a Mauricio Suárez en sesión de enero de 2013.”
Hecho que quedó consignado en la denuncia penal radicada.
Con relación a todas estas
operaciones fue cuestionado el Auditor General de Carbosan, Jimmy Bolaño Tarrá,
quién informó desconocer todos los detalles de las operaciones que se pusieron en
su conocimiento. No obstante, en desarrollo de las investigaciones de auditoría,
se pudo confirmar que Bolaño Tarrá desde años atrás era el contador personal,
junto con su esposa, del ex gerente Mauricio Suárez Ramírez y de sus sociedades.
Quien luego aceptó haber firmado como contador los balances generales y estado
de resultados de Suárez Ramírez para los años 2011 a 2015, y haber cobrado
honorarios por estas gestiones.
Pero si las cosas por
Carbosan Ltda. no parecen hubieran estado bien; por cuenta de las actuaciones
de estos ex directivos, por los lados de la SPSM los indicios logrados no
permiten noticias alentadores. No en vano avanza una auditoría externa sobre
las operaciones realizadas en los últimos 17 años que permiten inferir la
posible defraudación a las finanzas de esta empresa por un monto aproximado a
los 17 millones de dólares.
No hay dudas que las Directivas de Carbosan y la
SPSM, con la denuncia y auditorías contratadas, respectivamente, están
decididas adelantar una lucha frontal en contra de la corrupción en su sector.
Alejandro Arias
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
Twiter: @AAriasPeriodist
------------------------------------------------------
Toda persona que no desee recibir mis correos ruego por favor me informe
Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia
Igualmente puede ser reproducido y publicado, parcial o totalmente,
así como los soportes con los que se documenta.
Para ello basta dar el crédito respectivo y respetar el sentido del autor.
