Las cifras que expone el
Departamento Nacional de Planeación, en relación con el Magdalena, en manera
alguna asombran. Ciertamente confirman la realidad que vivimos a diario quienes
hemos permanecido en este Departamento.
Confirmar que este ente
territorial es hoy el tercer departamento con más pobres en la Costa Caribe
(50,5%), que es el tercero con más pobreza extrema (15,6%), que la informalidad
laboral alcanza el (77,8%), que la cobertura en educación apenas favorece al
41,29% de los niños y jóvenes, que la desnutrición golpea al 18% de nuestros
infantes, que la atención integral de nuestros niños en la primera infancia no
supera al 43% y que la cobertura en la atención rural de servicios públicos
domiciliarios básicos como acueducto y alcantarillado solo benefician al 37 y
al 2,7% de sus habitantes, respectivamente, ya no sorprenden.
En cambio espanta, a quienes
hemos sido testigos, ver cómo en estos
últimos tres años han desaparecido las líneas de la decencia. Que desde la
misma Vicepresidencia de la República y los Ministerios se avalen los
comportamientos deleznables y concupiscentes de una administración que ha
legitimado el crimen como una forma de Gobierno y que enquistó en su seno las
mafias que aceitaron la campaña política del actual gobernador.
Escandaliza que las
autoridades nacionales se mantengan pasivas. Que a pesar de contar con una hija
del Magdalena, y sin lugar a dudas conocedora y padecedora de la realidad que
nos golpea, en la Viceprocuraduría General de la Nación impunemente estas
mafias se despachen a su antojo los recursos de la salud.
Pan de cada día es ver en la
prensa local las denuncias de corrupción en los procesos de selección de los
gerentes de hospitales, el desangre financiero de los mismos y la entrega de éstos
a esas organizaciones delincuenciales.
Aterroriza levantar la voz
para evidenciar los desmanes que suceden en la educación departamental porque
el más importante aliado para materializar la moralización de la cosa pública
como los es la Fiscalía General de la Nación, se comporta como cómplice.
En julio de 2013 dejamos en
evidencia cómo los niños del Magdalena eran un verdadero negocio para estos
mercaderes de la miseria (http://bit.ly/1mFfeWK
y http://bit.ly/1o0WKjj). No ahorramos
esfuerzo en el riesgo que implica denunciar y revelamos los testimonios de cómo
se fabrican estudiantes en el Magdalena para dar paso a uno de los negocios más
siniestros: la contratación de los servicios de la educación amparados con
adiciones al presupuesto venidas del Ministerio de Educación. (http://bit.ly/1quU1iq).
Nada de eso sirvió. Y en
cambio el Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, al año siguiente
volvió a firmar, con la misma modalidad, multimillonarios contratos que
volvieron a enriquecer a pocos acosta del analfabetismo de nuestros niños y
jóvenes: Fundación Club Juvenil del Sur el contrato N.° 529 del 16 de mayo de
2014 por valor de $ 8.848´905.458 del que ya pagó un anticipo de $
4.424´452.729; con la Fundación para el Servicio Social y Empresarial Caribe –
Servimas el contrato N.° 530 del 16 de mayo de 2014 por valor de $
7.494´959.504 del que ya pagó un anticipo de $ 3.747´479.752 y con la Fundación
Social para la Asesoría e Investigación Científica y Pedagógica -FUNPED- el
contrato N.° 531 del 16 de mayo de 2014 por valor de $ 4.305´879.173 del que ya
pagó un anticipo de $ 2.152´939.586.
La impunidad que se vive en
el Magdalena, aterra.
Un claro ejemplo
desesperanzador lo constituye la vía de La Prosperidad. Muchos creímos, cuando
se destapó el escándalo, que había una luz hacia las decisiones
ejemplarizantes. Pero tan rápido como desaparece un merengue en la puerta de un
colegio la Procuraduría General terminó santificando exactamente lo contrario
de lo que denunció; a la Ministra de Transportes la cambiaron de cargo y hoy
esa misma vía cuyo diseño han cambiado violando los principios de la ley de
contratación pública y burlando los mínimos referentes ambientales deben sernos
motivo de orgullo y agradecimiento en cuñas radiales.
El presente de este
departamento es absurdamente miedoso. No puede sentirse menos cuando
prácticamente el lema de su bandera bien pudiera decir: el crimen sí paga.
Cuando el Gobierno Nacional
de la mano de su Vicepresidente, un partido político como Cambio Radical, unas
autoridades como las judiciales y la disciplinaria e incluso algunos medios de comunicación
avalan el más descarado ejercicio del crimen no queda menos que sentir pavor.
Entre los magdalenenses el miedo es tan intenso,
no solo ante nuestro lamentable presente sino a la posibilidad de que ese
presente continúe, que de él no escapan ni los ex jefes políticos condenados
por parapolítica. Tan grave es la realidad criminal de la forma como se gobierna
el Magdalena y la impunidad que la blinda que muchos nos preguntamos ¿importará
ahora a quien apoyarán, en las próximas elecciones, los parapolíticos?
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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