Mediante fallo de tutela fechado 19 de febrero de 2015 el
Tribunal Administrativo del Cesar metió en cintura a las FFMM, Ejército
Nacional, y ordenó respetar y garantizar los derechos fundamentales de la
comunidad indígena arhuaca vulnerados hace más de 50 años con la instalación de
una base militar y la explotación comercial de antenas de comunicaciones en
medio de su resguardo.
El Tribunal Administrativo del Cesar, en Sala Plana, ordenó
al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Brigada Blindada de
Valledupar adelantar el proceso de consulta
con los representantes de la comunidad indígena arhuaca destinado a
establecer el impacto que la construcción y operación de la base militar ha
causado o pueda llegar a causar sobre el territorio ancestral de esa comunidad.
Igualmente ordenó, entre otros, a la Dirección de Asuntos
Étnicos del Incoder revisar las irregularidades del proceso de titulación de
tierras, que conforme a las denuncias hechas, se han presentado y adopte las
medidas necesarias para formalizar la titularidad de los predios que las
comunidades indígenas reconocen como ancestrales. (VER FALLO TRIBUNAL: http://1drv.ms/1JxATxL)
El Tribunal tuvo en cuenta, dentro de sus
consideraciones, los antecedentes que evidencian cómo las comunidades arhuacas
han sido afectadas por homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos
cometidos por los actores armados ilegales y por miembros de la fuerza pública.
Los asesinatos que han ocasionado las acciones insurgentes y contrainsurgentes
de líderes, desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos y
reclutamientos. Comunidad que también ha sido afectada por la presencia de las
Fuerzas Armadas en sus territorios y en la vida comunitaria.
Según el diagnóstico de las autoridades del pueblo
arhuaco presentado a la Corte Constitucional y las diferentes autoridades del
país, en el ámbito de los derechos humanos, los hechos de mayor gravedad y
recurrencia que han golpeado a esta etnia son: el despojo del territorio
tradicional por los grupos armados ilegales; la presencia de grupos armados en
su territorio, y control basado en la intimidación; la restricción alimentaria,
apropiación de los alimentos, productos agrícolas y ganado de los indígenas por
parte de los grupos armados, que generan inseguridad alimentaria y un mayor
recurso a la cacería, afectando el medio ambiente; el irrespeto a las
autoridades indígenas e imposición de pautas de comportamiento o restricción de
las prácticas propias por los grupos armados; los asesinatos selectivos de
autoridades tradicionales Arhuacas, en particular denunciaron una serie crímenes que habrían sido cometidos por las
Fuerzas Armadas y que sigue en la impunidad; los asesinatos de indígenas
arhuacos por señalamiento, en el marco del conflicto, por las tres partes
enfrentadas; la restricción de la movilidad, intimidación de la población y
riesgos generados por la presencia de actores armados en la Sierra, con porte
de armas y uso del territorio para secuestros y los bombardeos por el Ejército
en territorio indígena en desarrollo de operaciones contrainsurgentes, que han
afectado sus asentamientos.
La investigación y la acción de tutela que motivó el
pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Cesar fue adelantada con el
apoyo de CLARA LÓPEZ OBREGÓN, presidenta del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y la
FUNDACIÓN MISIÓN COLOMBIA, los mismos que hace dos años lograron el
reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta en el Parque Nacional Natural Tayrona.
Con la demanda se denunciaron los abusos a los que han
sido sometidos los indígenas arhuacos por parte del Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, ante la ocupación violenta y abusiva de sus territorios
ancestrales, ubicados en el cerro “Alguacil”, sin que autoridad alguna haya hecho algo
para detenerlo.
Se puso en conocimiento a los Magistrados que
desde el año de 1962 el cerro viene siendo explotado comercialmente mediante la
instalación de antenas de comunicaciones y datos, distintas a las de uso
militar, y por las que las FFMM cobran arriendos y derechos para el uso de los
territorios sagrados indígenas sin que éstas
fueran consultadas. Evidenciándose la explotación de estos
territorios con más de 480 antenas de uso civil que con la protección de
unidades militares de la Décima Brigada Blindada de Valledupar garantizan un
negocio mimetizado bajo la cubierta de ser de “Seguridad Nacional”. (VER INFORME NOTICIAS UNO:
http://youtu.be/xVCYhVtCMLE)
ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE
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